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Represión y criminalización de la protesta social en Mendoza

La represión ordenada el pasado 4 de abril durante una manifestación por los 33 años del Mendozazo y en contra del aumento de tarifas. Las amenazas constantes antes de una movilización. La prohibición de asambleas en la Casa de Gobierno. Militantes procesados por querer recuperar su trabajo. Intimidaciones mediante recortes de sueldos. ¿Se está generando en Mendoza un estado policial sobre los sectores que reclaman?

Gustavo Maure, dirigente del Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación (SUTE) dijo a Agencia Taller que “hay un aumento de todas estas pautas de control social a las que hay que agregar el fenómeno nacional de criminalización de la protesta y de judicialización frente al hecho sindical o de lucha social, sectorial o estudiantil”.

Maure sostiene que “hay un camino de represión, intimidación o amenaza; y por otro lado un moldeado de la conciencia a través de un control cada vez más concentrado de los grupos de medios de comunicación”.

Por su parte, Raquel Blas, Secretaria Adjunta de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) interpreta que se está concibiendo un estado policial en Mendoza que  “empezó en la Ciudad: sin limpiavidrios, sin vendedores ambulantes. Una ciudad que tapa la miseria y la pobreza”.

Blas considera que el punto más álgido de todo este avance se vio en la concentración del 4 de abril cuando un grupo de manifestantes que protestaban por el aumento de la tarifa eléctrica y rememoraba el Mendozazo fue reprimido brutalmente.

“Si acá no se entiende que dejar en la calle a 1500 trabajadores genera reacciones en los compañeros que quieren recuperar su fuente laboral, no se va a entender nada”, remarca en referencia a una medida de la Dirección General de Escuelas (DGE) que significó la pérdida de la fuente laboral para un importante número de docentes.

“Esas son las condiciones que ha puesto el fondo monetario y evidentemente, o se redistribuye la riqueza como corresponde en este país, ó la única manera de que esto cierre, con aumento de tarifas, aumento de precios y salarios congelados, es a través de la represión” afirma la dirigente estatal.

En tanto Maure atribuye la creciente represión a la disputa “por la distribución de la riqueza porque se empieza a acumular, y ante esto lógicamente el capital genera sus mecanismos de defensa para no entrar en un proceso de distribución”.

Otro de los consultados por Agencia Taller que viene denunciando irregularidades es Victor Hugo Dagfal, dirigente del  Sindicato de Trabajadores Estatales Auto convocados (SITEA).

A diferencia de los anteriores, Dagfal sostiene que “todavía no podemos decir que hay un estado policial, pero si que existe una vuelta de tuerca en el manejo del poder real  diciéndoles muchachos si siguen reclamando, vamos a reaccionar más duro; empiezan a darnos señales. Y es porque saben que este programa económico no pasa si no es con mayor represión, mayor control social”.

Para finalizar Maure concluye que “del año ´83 para acá la calle ha sido el ámbito para que nos expresemos todos y resulta muy llamativo que no haya habido acciones frente a las 2000 personas que se reunieron a protestar en contra del aborto, ni contra Gabriel Cansi por cortar la calle Chile para hacer desfiles de modelos durante 5 días, o contra (Luis) Palau por cerrar los portones del parque. Creo que está muy instalado que esto va en contra de la formas de movilización y de protesta”.

Agencia Taller estuvo tratando de contactar reiteradas veces para esta nota a Gabriel Fidel, Ministro de Gobierno. Lamentablemente no logró comunicarse para solicitarle su opinión sobre el tema.

Belén Faiozzo 

faiozzo@belen.net.ar

Departamento de Política

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