Ciertas contradicciones se producen en el interior del Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP), donde se forman los futuros policías que tendrá la provincia. Uno de ellos, el más grave tal vez, se da en los requisitos de ingreso, que no coinciden con los que los alumnos tienen que cumplir al momento de recibir el estado policial.

Es que cuando los aspirantes a policías ingresan al IUSP deben presentar su certificado de buena conducta, pero en él no aparecen las causas prescriptas, ni si cumplieron condena o si fueron absueltos por algún delito doloso, ni tampoco si tienen juicios en suspenso. Pero, al momento de recibir el estado policial, ninguno de los estudiantes puede tener antecedentes penales por este tipo de delitos, que son intencionales.

Esto trae aparejado dos problemas que no pueden pasar inadvertidos: por un lado está el gasto que hace el Estado en preparar para policía a una persona que nunca lo será –porque no puede tener ningún tipo de antecedente doloso– y por otro lado, el que el mismo director del IUSP, Leonardo Comperatore, reconoce y es que “se está preparando en el manejo de armas, en defensa personal y hasta en el funcionamiento de las comisarías a una persona que puede llegar a ser un delincuente”.

Debido a estas gruesas contradicciones es que desde el IUSP estudian junto a los miembros de la facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo de qué manera podría cambiarse el estatuto del Instituto para poder solicitarles a los aspirantes sus prontuarios, donde figuran los antecedentes penales.

Al respecto, desde la Comisión Bicameral de Seguridad, algunos de sus miembros, como la senadora Alejandra Naman y el diputado Luis Petri, señalaron la necesidad de revertir esta “falla” inmediatamente. “No es la primera vez que en el IUSP hay contradicciones de este tipo. Hubo muchos casos en los que los estudiantes aprobaban el examen psicofísico para ingresar al Instituto, pero no aprobaban el que se les hace antes de recibir el estado policial y era porque tenían diferentes requisitos”, advirtió Petri.
Por su parte, Alejandra Naman destacó que si las reuniones entre la facultad de Derecho y el IUSP no logran modificar este aspecto, desde la Legislatura se podría promover una ley para que se les pueda exigir a los aspirantes el prontuario. /C.Z