Los responsables de enjuiciar y lograr la sentencia contra militares, policías, penitenciarios y magistrados implicados en delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar en Mendoza, encabezarán un encuentro con la comunidad de la facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
Estarán presentes el Fiscal general de la Unidad Especial de Crímenes de Lesa Humanidad, Dante Marcelo Vega; el Fiscal ad hoc Daniel Rodríguez Infante; los abogados Pablo Salinas del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) y Viviana Beigel del MEDH y de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADDHH), y Nino Bonoldi por los Organismos de DDHH de Mendoza. La profesora e investigadora de la UNCuyo Alejandra Ciriza, coordinará la actividad el jueves 10 de agosto, a las 17, en el aula Magna de la Facultad.
El juicio fue conocido como “Megacausa” por la acumulación de delitos de apropiación de una menor, detenciones, secuestros, torturas, violaciones y asesinatos perpetrados contra más de 200 víctimas, 52 de ellas aún desaparecidas. También se lo denominó “Juicio a los jueces”, ya que entre los 41 acusados se juzgaba la responsabilidad de miembros de la justicia federal ante las acciones de policías, militares, penitenciarios en los años de la dictadura militar entre 1976 y 1983.
Más sobre la Megacausa
Comenzó 10 años después de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, el 17 de febrero de 2014, y luego de casi 3 años y medio de debates se logró una sentencia. En ese tiempo hubo más de 200 audiencias en las que declararon más de 70 testigos para esclarecer los delitos.
Transcurrieron más de 40 años de lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y la histórica sentencia se conoció el 26 de julio pasado, donde el Tribunal Oral Federal N° 1 de Mendoza -integrado por Alejando Piña (presidente), Raúl Fourcade y Juan González Macías-, falló contra 28 procesados.
Los hechos fueron caratulados como delitos de Lesa Humanidad y genocidio y fueron cometidos principalmente por el Departamento de Información 2, donde funcionó el más importante Centro Clandestino de Detención (CCD) a nivel local. También se acumularon denuncias por detenciones clandestinas y torturas en las dependencias policiales Seccional 7ma. de Godoy Cruz, en la Comisaría 16° de Las Heras, la Seccional 13° de Rivadavia. Por otro lado se revisó lo que sucedió en la Penitenciaría de Boulogne Sur Mer (Lugar de Reunión de Detenidos, LRD), la Compañía VIII de Comunicaciones del Ejército y el Liceo Militar Gral. Espejo.
Lo histórico del juicio, y que le otorgó relevancia internacional, fue el procesamiento y posterior condena de quienes se desempeñaron como fiscales y jueces en esa época. Los magistrados fueron acusados por no investigar los secuestros de decenas de personas y omitir las denuncias de familiares de desaparecidos. Más de 70 testigos, víctimas que sobrevivieron al horror, reconstruyeron lo acaecido durante su cautiverio e identificaron a algunos de los imputados, además, señalaron la responsabilidad que les cupo en los CCD.
El trabajo de la querella estuvo a cargo de los abogados Pablo Gabriel Salinas, Angélica Escayola (MEDH), Diego Lavado (MEDH), Viviana Laura Beigel; Carlos Varela Álvarez; Fernando Peñaloza por la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación; Marcelo D´Agostino por el Gobierno de Mendoza.
El Fiscal general Dante Marcelo Vega junto a los Fiscales ad hoc Daniel Rodríguez Infante y Patricia Santoni, solicitaron para los ex magistrados Otilio Romano, Luis Miret, Guillermo Petra y Rolando Carrizo la pena de prisión perpetua, y los jueces Alejandro Waldo Pigna, Juan Antonio González Macías y Raúl Fourcade hicieron lugar al pedido de la fiscalía.
