Belén Faiozzo
Agencia Taller– Departamento de Política
El proyecto de ley de Escuchas telefónicas tiene media sanción de la Cámara de Senadores. Se busca, desde las actualizaciones en materia de Seguridad, su sanción definitiva para tener acceso a las interceptaciones o captaciones de comunicaciones telefónicas y su posterior trascripción, en casos que puedan llegar a comprometer la Seguridad Pública.
Volver a tratar el proyecto de ley ha despertado opiniones adversas entre el gobierno y la oposición, a causa del temor de que la amplitud de las determinaciones de la ley lleve a un uso abusivo o que comprometa la vida privada de la sociedad mendocina; frente a una medida ‘necesaria para la paz social’, según el punto de vista que promueve el oficialismo.
Agencia Taller consultó al abogado Diego Lavado, defensor de los derechos humanos, quien explicó los puntos más importantes desde lo jurídico. “La regulación es muy escueta sobre la interceptación de llamadas telefónicas. En nuestra provincia está regulada por el Código Procesal Penal, donde lo único que dice es que el juez podrá ordenar la interceptación de llamadas telefónicas para conocerlas o impedirlas, del imputado”. Y aseveró que “las interceptaciones telefónicas se hacen de igual manera, incluso por parte de organismos públicos, de manera ilegal, y después aparece la información en los expedientes judiciales bajo la forma de ‘información recibida por esta prevención’ o ‘datos que llegaron a esta instrucción’. Se trata de una interceptación de llamada telefónica ilegal, escucharon un dato importante y lo volcaron en el expediente”.
Explicó además los límites que deberían especificarse, tomando como ejemplos lo que hace la Ordenanza Procesal Alemana o la Legislación Criminal Española y la Francesa: “debe excluirse como elementos o herramientas de investigación o de prueba” recalcó el abogado, y continuó “las que puedan ser las conversaciones de una persona con su abogado, no pueden ser utilizadas como elemento probatorio, dado que sino se está violando el derecho de defensa”.
En la última presentación que tuvo el proyecto, en febrero de este año, el Dr. Diego Lavado logró promover estas modificaciones para introducirlas en el proyecto. E insistió en que “es necesario avanzar en esto porque no hay una regulación clara, y ante la falta de regulación predomina la arbitrariedad”.
Agencia Taller, dialogó también con Omar Parisi, presidente del Bloque de Diputados del Partido Demócrata, quien comentó que se busca aprobar el proyecto “por unanimidad desde el oficialismo, y no creo que la tengan nunca porque hay incluso un sector del radicalismo que tampoco está de acuerdo”. “No estamos de acuerdo por que esto atenta contra las libertades individuales, contra la libertad por la cual uno se puede expresar. Después van a pedir que haya intervención en el correo epistolar o electrónico” sentenció el diputado. Y agregó “no se puede decir que a través de las escuchas telefónicas vamos a solucionar el problema de seguridad de Mendoza, es todo una mentira”. Leyó bien, un legislador demócrata “comprometido” con las libertades, ¡y no sólo las económicas!
Omar Parisi también analizó que “empezamos a tener sociedades bajo el control de quien está con el poder de turno y esto es muy peligroso, porque culpa de la misma ineficiencia que tiene el Estado en resolver el problema de seguridad, se quiere solucionar con mayor control hacia la sociedad”.
Oscar Ligonié, diputado del Partido Demócrata y presidente de la Comisión de Derechos y Garantías, en diálogo con Agencia Taller, explicó por qué no llegó a aprobarse el proyecto en la Cámara de Diputados: “a consecuencia de que, a través de la Comisión de Derechos y Garantías, se trató de desmenuzar con precaución las implicancias que una ley de esta naturaleza podía tener. Hicimos consultas con la Asociación de Magistrados, el Colegio de Abogados de la provincia, abogados penalista, el Ministro de Gobierno”. “Esta es una ley que tiene visos de inconstitucionalidad. Un presunto delito o hecho delictivo, tiene que girar en el ámbito de la justicia; y el Código Procesal Penal reformado que está aplicado parcialmente en la provincia, contempla que quienes están facultados para ello es el fiscal y el ayudante fiscal” definió Ligonié.
Además opinó que “crear órganos paralelos que dependan de otros organismos, y a su vez de un Ministerio, es crear organismos paralelos al ámbito judicial y por eso es peligroso”. Y se preguntó: “¿Quién nos garantiza que esas autorizaciones de escuchas telefónicas van a ser utilizadas para lo que deben ser usadas? Se dice que en aras de la seguridad, ¿y no va a ser más inseguro tener un organismo que contemple esto?”.
Quien también manifestó su desacuerdo fue Sergio Martín, diputado del Partido Justicialista. En entrevista con Agencia Taller, ejemplificó: “se nos ha dicho que este instrumento sirve para prevenir en el caso de las actuaciones de bandas delictivas, y es sabido por todos que estas bandas se comunican por celulares que han sido robados, por lo tanto no se puede identificar a quién pertenece el teléfono que se tendría que interceptar, sería imposible”. Además el diputado explicó que el proyecto “se basa en actos preparatorios, es decir, no hay delito cometido. Y tantas cuestiones pueden ser ofrecidas como prueba de actos preparatorios de cualquier persona, hechos cotidianos, que la cantidad de mendocinos que estaríamos bajo sospecha y sujetos a que nos intervengan la línea telefónica, es infinita”. Y describió también otra desventaja de la aprobación del proyecto “el uso abusivo, la cantidad de periodistas que pueden quedar sujetos a escuchas telefónicas, los políticos, gremialistas, empresarios, hay que actuar con la máxima prudencia antes de aprobarlo”.
Desde el oficialismo
Frente a la clara oposición de los partidos Justicialista y Demócrata, el gobierno de Mendoza, ha salido apurado en las últimas semanas a organizar la cartera de seguridad, y a presentar todos los planes, entre ellos el re escalafonamiento de la Policía y las Escuchas Telefónicas.
Alejandro Acosta, actual Secretario de Justicia, respondió a Agencia Taller, sobre los detalles del proyecto de ley, con la importancia que le adjudica el gobierno mendocino dentro de la nueva Política Criminal que plantea desarrollar. “Las modificaciones que han propuesto los representantes de la Cámara Baja, dejan al proyecto en una justa armonía con todo lo que son garantías constitucionales. Este es un proyecto que despierta muchas sensibilidades porque es como incorporarse a la esfera muy íntima de las personas, una conversación se la tiene que custodiar igual que el domicilio, son esferas privadas que el Estado tiene que garantizar”, reflexionó Acosta.
Sin embargo platea la aprobación del proyecto con expectativas distintas a las que ven desde la oposición: “existen otras cosas como son el interés colectivo, la paz social, que también deben custodiarse, entonces sin alterar nada, esas garantías, tienen que estar siempre vigentes. No se puede estar combatiendo al delito y brindándole una batalla justa a la delincuencia con aquellas metodologías que tienen 50 años o más de un siglo. Hay que profundizar muchas reformas que están en marcha, generar dentro del Estado nuevas estructuras, mecanismos”.
El Secretario de Justicia explicó y enfatizó que “el proyecto de escuchas telefónicas como ha quedado con las mejoras que ha hecho la cámara de Diputados, es una ampliación o ley complementaria del Código Procesal Penal y deja en las mismas condiciones a la legislación nacional que a la provincial”, para lo que sostiene que se necesita “un área muy responsable, dedicada, extremadamente profesional, que se dedique a neutralizar los posibles hechos delictivos”. Y agregó que “todas estas escuchas quedan en el monopolio del Poder Judicial, no quedan en manos de ninguna otra entidad, repartición u oficina de prevención. La toma el Poder Judicial, de la misma manera que para allanar una casa hace falta la orden de un juez, para detener a una persona también hace falta la orden de un juez, no hay que tenerle miedo a estas cosas”.
Ante la consulta de que las escuchas se hacen en la actualidad ilegalmente, desconoció el tema y respondió que no es de su conocimiento que se efectúen. Instigó a quienes lo sostienen a “que sean responsables esas personas, que vayan y denuncien, porque están encubriendo un delito”.
