El caso comenzó hace tres años cuando el propietario de un campo denunció ante la policía robos de ganado y faenas clandestinas en su propiedad. En respuesta a la acusación dos policías a caballo y armados con un fusil FAL y una escopeta Winchester, irrumpieron en el territorio de la comunidad toba del Barrio Nam Qom, a 12 kilómetros de la capital provincial, efectuando disparos y vapuleando a los moradores. El problema se presentó cuando, desde el llano, los disparos fueron respondidos. El saldo de esta respuesta fue la muerte del policía Juan de la Cruz Barrios mientras que el otro policía, Ángel Luquez, recibió una herida leve.
“Sin poseer más referencias sobre los supuestos sospechosos, excepto su carácter de "aborigen", los policías, algunos vestidos de civil, ingresaron en el Barrio Nam Qom, irrumpieron en las casas e interrogaron a los indígenas para que dijeran quiénes habían ido al campo en la mañana. Después de esta primera incursión se retiraron y regresaron alrededor de las 19:00 hs., momento en que, sin exhibir orden judicial alguna, decidieron detener a decenas de personas, algunas en sus propios domicilios, a otras en las calles y en inmediaciones del lugar. Además de las detenciones ilegales y arbitrarias, estas personas fueron objeto de tortura y de un trato completamente violento y hostil que mostró, a su vez, el absoluto y particular desprecio por la condición de indígenas de las víctimas" versa la denuncia presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre lo sucedido ese día.
Representantes de la comunidad también denunciaron que en presencia del juez Héctor Ricardo Suhr y el Procurador General Carlos Ontiveros “los agentes violaron a una chica de 15 años, encerraron en un calabozo a un menor de 10 para obligar a su padre a confesar, golpearon a más de una docena de hombres hasta desfigurarlos, le practicaron submarino seco a otros tantos, desnudaron y dejaron a la intemperie a otra cantidad, hirieron de bala a otros dos a los que esposaron y les negaron atención médica, destrozaron prácticamente todas las casas” culminando con un total de 80 detenciones totalmente arbitrarias. Una vez en la cárcel los detenidos fueron sometidos a vejámenes irreproducibles y torturas varias.
Tras la nefasta requisa –y luego de 3 meses de cárcel preventiva para 9 personas- quedaron detenidos Hilario Torales Vega -74 años- Carlos Ovidio Torrent –43 años- acusados de homicidio y Lucio Vega –43 años- bajo la acusación de tentativa de homicidio. Ninguno de los tres habla ni entiende el castellano por lo que les resulta sumamente difícil comprender de qué se los acusa y porqué se los está acusando a ellos en particular.
La justicia formoseña desestimó las denuncias presentadas sobre la brutalidad y el carácter terrorista del actuar policial e impidió con ello toda posibilidad de investigar los hechos y castigar a los responsables de las violaciones a los derechos de la comunidad toba. Situación además, que significa que confesiones arrancadas bajo tortura se tornen la base del proceso judicial. Uno de los testigos -quien supuestamente había identificado a los agresores de los policías- comenzó su testimonio diciendo “Es que me fracturaron el brazo en tres partes y me lo apretaban para que dijera lo que querían oír”. En tanto, la CIDH espera ahora formalmente la respuesta del Estado argentino, quien deberá explicar lo sucedido.
Pablo Lozano
Departamento de Sociedad y Movimientos Sociales
