La democracia argentina ha cumplido un cuarto de siglo sin interrupciones autoritarias y ese hecho marca también a las aulas. En este lapso hubo avances decisivos, pero también un déficit doloroso: el de la calidad asegurada para todos.

Para hacer un balance de los 25 años de democracia en educación es necesario disponer de una visión de la tan mentada "herencia recibida". Hoy todos tenemos la nostalgia de la buena educación argentina del pasado. Pero ¿qué era esa educación?

Muy esquemáticamente, todos imaginamos que teníamos una educación que garantizaba altos resultados de aprendizaje, que cumplía funciones de movilidad y de cohesión social, donde la autoridad del maestro y del profesor era respetada. La escuela y las universidades permitían el contacto entre alumnos de diferentes orígenes sociales y culturales y promovían la cohesión social a través de la integración en valores vinculados a la identidad nacional.

¿Cuándo y quién provocó la decadencia de ese modelo? Sólo recordemos que mientras las universidades preparaban científicos, ingenieros y técnicos de alto nivel y el sistema productivo argentino se orientó hacia actividades de baja densidad tecnológica, motivo por el cual los mejores cerebros preparados en el país comenzaron a adoptar la búsqueda de destinos extranjeros como proyecto de vida, real o imaginario. La "fuga de cerebros" no fue un producto de nuestra mala educación sino de la baja capacidad de nuestro sistema productivo para incorporarlos, o de la persecución ideológica de los gobiernos de facto, que terminó provocando el deterioro de la educación.

Asimismo, es bueno recordar que el acceso a los niveles más altos del sistema educativo fue sostenido a través del tiempo y que la educación dejó de ser un agente de movilidad por la rigidez de la estructura social y por varias décadas de estancamiento económico. Ambos factores provocaron el bien conocido fenómeno de la "devaluación" creciente de las credenciales académicas en el mercado de trabajo.

Este rápido recorrido permite apreciar que la democracia recibió un sistema educativo erosionado desde el punto de vista de sus capacidades para responder a las demandas sociales.

Pero el retorno a la democracia se produjo en un contexto de cambios muy profundos, donde la información y el conocimiento comenzaron a ocupar un lugar central en las estrategias de desarrollo social y económico. Estos cambios cerraban cualquier posibilidad de retorno a las estrategias del pasado para cumplir con las funciones de transmisión del conocimiento, movilidad y cohesión social. Es en este contexto que debemos colocar el balance de los 25 años de democracia, que nos permite identificar progresos importantes en cobertura, en formas de gobierno y en contenidos curriculares, así como deudas nuevas con respecto a la calidad educativa que exige la construcción de una sociedad justa.

Con respecto a la cobertura, hemos logrado universalizar la sala de cinco años y avanzamos en la expansión de la sala de cuatro. Este logro es muy importante porque la base de la equidad social está en el desarrollo cognitivo que se produce en los primeros años de vida. Asimismo, hemos avanzado en el acceso a la secundaria, que ahora es obligatoria y que ya incorpora a casi dos tercios del grupo edad correspondiente. El nivel superior de nuestro sistema también se ha expandido y somos líderes en América latina, junto a Cuba, en este punto.

En estos años se han sancionado leyes que aseguran un financiamiento educativo sostenido, formas de gobierno que garantizan la participación social, la autonomía de las universidades y la articulación entre la Nación y las provincias. Además, se han incorporado a los planes de estudio contenidos vinculados con el respeto a los derechos humanos, la educación sexual integral y normas de convivencia destinadas a promover el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos.

Tenemos, sin embargo, deudas importantes con la calidad de la educación. En primer lugar, la expansión cuantitativa estuvo acompañada por mayor desigualdad. El mapa de los logros de aprendizaje de nuestros alumnos está fuertemente asociado al mapa de las condiciones sociales de las familias.

En segundo lugar, tenemos nuevos y más complejos desafíos en la formación ciudadana. La democracia requiere ciudadanos científicamente alfabetizados y éticamente comprometidos con los principios de solidaridad y justicia social. No lograremos tener una democracia sustentable sin una ciudadanía que adhiera éticamente a las políticas de inclusión social. Estos valores se encuentran en nuestra Constitución Nacional y en nuestras leyes de educación. Para enfrentar estos desafíos es fundamental la educación de las élites, porque en ellas radica gran parte de la responsabilidad en la construcción de una sociedad justa.