En Diputados se presentó un proyecto de “boleto estudiantil integral”, gratuito para los niveles de escolaridad obligatoria y con un beneficio del 50 por ciento para la educación superior. Se trata de un reiterado reclamo de la federación universitaria.
El repetido reclamo de un boleto estudiantil para el transporte público podría ser una realidad en el transcurso de este año. Se presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para crear “un boleto estudiantil integral que contemple la gratuidad para los niveles de escolaridad obligatoria y un descuento del cincuenta por ciento para los alumnos de educación superior”. La propuesta abarca el transporte de corta, media y larga distancia, incluido el subterráneo, y se propone “facilitar el cumplimiento de la ley 26.206 de Educación Nacional”, según aseguró la diputada Adriana Puiggrós, autora del proyecto. La Federación Universitaria Argentina (FUA) sostiene el boleto estudiantil como uno de sus reclamos históricos, que incluso reiteró durante el año pasado.
“Hay que garantizar el acceso a la educación en sus distintos niveles, y el transporte diario resulta un tema crucial que incide de manera estructural en la posibilidad de la mayoría de las familias argentinas”, explicó a Página/12 Puiggrós, del bloque de legisladores del Frente para la Victoria (FpV). Si bien recién fue presentado en la Comisión de Transporte, el proyecto ya tendría el visto bueno del Ministerio de Planificación para subsidiar los cerca de 300 millones de pesos que demandaría la implementación de la norma. De concretarse, el boleto beneficiaría a 10 millones de alumnos que estudian en el sistema público de enseñanza, en todos sus niveles.
“Si el proyecto es tal y como está planteado, la FUA va a apoyar la iniciativa porque la crisis está golpeando a los sectores más desprotegidos”, afirmó Pablo Domenichini, presidente de la federación y dirigente de la agrupación estudiantil radical Franja Morada.
El documento que ahora espera tratamiento en el Congreso tiene como objetivo que “se cumpla con la Ley de Enseñanza Nacional que establece niveles de educación obligatorios. Hay que garantizar que el chico llegue a la escuela”, argumentó Puiggrós, titular de la Comisión de Educación. La diputada tomó normativas existentes, como el boleto escolar o el secundario, que benefician parcialmente con descuentos a los alumnos, pero que están dispersas y no garantizan su cumplimiento efectivo.
En el caso de los universitarios, el descuento del 50 por ciento se mantendría en vigencia “durante todo el ciclo lectivo oficial para el transporte de corta distancia y en el caso de media y larga distancia, entre el domicilio del beneficiario y la institución educativa a la que pertenezca, el beneficio se extenderá a todo el año calendario”.
Para obtener el boleto, se debería tramitar una credencial a la que se accederá presentando el DNI y el certificado de alumno regular expedido por la casa de estudios a la que asista el alumno. Y abarcaría el servicio público de transporte “automotor y ferroviario de pasajeros, para todas las líneas de servicios de corta, media y larga distancias, en sus modalidades urbanas y suburbanas, interurbanas y de jurisdicción nacional”.
El reclamo del boleto universitario se sintió el año pasado en La Plata. Allí, militantes estudiantiles solicitaron a “distintas empresas que se implemente el descuento para universitarios previsto en la ley (de Transporte), pero de diez líneas en nueve dijeron que no, aduciendo que como no cobraban el máximo autorizado para el boleto común, allí se absorbía el descuento”, explicó Domenichini. Por eso, con el boleto como una de las exigencias centrales, la FUA convocó a una movilización para este viernes en la capital bonaerense. “Vamos a protestar contra el aumento indiscriminado de las tarifas del transporte público. Vamos a movilizarnos para pedir que se instrumente en todo el país un boleto universitario que alivie a los sectores postergados que son los que más están sufriendo la crisis”, dijo el dirigente estudiantil. “Ya no alcanza con decir que la universidad es pública y gratuita –agregó–. El Estado tiene la obligación de garantizarlo.”