Por Natalia Brite
Departamento de Política
11/05/06 La Comisión Especial de Poderes presentó un despacho hoy manifestando un problema en los tiempos en que han recibido los documentos, denuncias, defensas y adhesiones respecto de la asunción. Aldo Vinci fue electo en 2005 por el Partido Demócrata (PD) y está denunciado por haber sido funcionario municipal durante la dictadura militar que comenzó el 24 de marzo de 1976. Esto sucedió en el marco de la sesión del Concejo esta mañana.
En el despacho, según afirmó a ATPA el concejal lasherino Mario Contiglioni, del Partido Justicialista, la comisión pidió una prórroga de tiempo sin determinar un número específico de días requeridos, ya que aún no han podido investigar lo suficiente. Además, pidieron al abogado del Concejo Deliberante que, por un lado, informe sobre el estado de las causas en la justicia provincial, nacional y federal por las cuales se ha pedido que no asuma Vinci. Y por otro lado, que emita un dictamen desde lo jurídico legal respecto de las tres denuncias presentadas contra Vinci.
Una de las denuncias refiere a que Vinci fue Director de Gobierno de la Municipalidad de Las Heras durante la dictadura militar (en 1983), momento en el cual el intendente de facto era Ángel Chila. Otra presentación, impulsada por un co-partidario, indica que no tiene residencia mínima de dos años en el departamento de Las Heras. Y finalmente, una denuncia presentada por el partido Afirmación para una República Igualitaria (ARI) respecto de que Vinci sumó votos por el PD y por las boletas de Recrear, con lo cual piden que quien asuma sea el ex concejal Roberto Velez.
Contiglioni afirmó a ATPA que “queremos tomar todos los recaudos para cumplir con la ley y con los procesos administrativos. No es un tema de fácil resolución, porque lo que se diga o decida genera conflicto de uno u otro lado. No podemos tener fallas legales, por eso se pidió informes al cuerpo letrado del Concejo”.
ATPA accedió a una copia del decreto del ex intendente de Las Heras, Ángel Chila, con fecha del 18 de marzo de 1983 (aún vigente la dictadura militar impuesta en 1976). En el acta se visualizan las firmas de Chila y la del Director de Rentas del momento, Dr. Oscar Lamattina. Ésta expresa en su artículo primero: “a partir del día 18-3-1983, nómbrese en el cargo de Director de Gobierno de la Comuna al Dr. Aldo Manuel Vinci Susso (…) con retención de su actual cargo de clase 21 -Asesor Letrado-“. En este párrafo, además de observarse el nombramiento de Vinci, queda expresado que habría tenido un cargo anterior. Ante esto, la denuncia presentada por los organismos de derechos humanos, a través de Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas de Mendoza, afirma en su texto que: “El haber obtenido dicho ‘ascenso’ hace suponer su pertenencia, tanto al accionar como a la ideología sustentada en esos momentos por el proceso militar”.
Por su parte, la agrupación Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia Contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.) participó de la denuncia a través de una carta enviada individualmente a cada uno de los concejales. En la misma expresan: "respetamos la democracia, porque respetamos profundamente a nuestro pueblo, porque nuestros padres lucharon por él, por su bienestar, y sobre todo por la democracia, que es el reflejo de la voluntad popular. Pero también nuestros padres murieron, fueron desaparecidos, exiliados, presos y atormentados por luchar, contra gobiernos que no fueron digitados y puestos en marcha solo por militares y policías, si no que también necesitaron de la colaboración de civiles". Además, a través de esta carta, recordaron a los ediles que "Su decisión es una decisión política que traerá consecuencias políticas, para garantizar la impunidad, o para acompañar la lucha por la condena social".
La carta también refiere al papel que habría cumplido Vinci en ese periodo: "formo parte de un Estado Terrorista, sabia lo que estaba sucediendo en Las Lajas por ejemplo, en la comisaría 16, en el Chalecito".
Respecto de la defensa presentada por Aldo Vinci, Contiglioni afirmó que “no es un escrito público”, con lo cual no hay información oficial respecto de los argumentos del demócrata. Extraoficialmente, pudimos saber que hay palabras de deslegitimación a la entidad de los organismos de derechos humanos como institución, y hacia las personas que los integran.
La Comisión Especial de Poderes, encargada del tema, está conformada por los concejales justicialistas Mario Contiglioni, Roberto gallardo, Ramón Ponce y Delia Yoma; el radical Fabián Tello y la presidenta del Concejo Deliberante, la justicialista Verónica Palmira.
A esto se suma el hecho de que durante 2005 se trató y ordenó la creación en el Municipio de la Comisión de Investigación de Desaparición de Personas en Las Heras. Esta comisión estaría, cuando se concrete, en la órbita de los organismos de derechos humanos, pero con ingerencia de los ediles. Si un ex funcionario de la dictadura militar tuviera acceso a las investigaciones que desde allí se realicen, está de más decir que se desvirtuaría su funcionamiento.
Vinculación con las causas
Hace aproximadamente 2 años, los abogados y organismos de derechos humanos presentaron la causa por el centro clandestino de detención Las Lajas, ubicado en Las Heras. En la denuncia escrita presentada contra la asunción de Vinci, se afirma que “existen pruebas suficientes del apoyo, en principio ‘logístico’ que prestó la comuna para con este centro clandestino: camiones cargados con cal, que eran volcados en estos lugares, así como el movimiento de ripio, etc.”. El hecho de que Vinci fuera funcionario del municipio durante la dictadura militar “supone que estaría al tanto de las tareas que el municipio realizaba”, expresaron en el escrito los Familiares.
