Por Daniel Calivares
Departamento de Política - Agencia Taller
El 9 de diciembre pasado se cumplieron 20 años de la lectura de las sentencias a los integrantes de las juntas militares que gobernaron Argentina entre 1976 y 1983 y que, junto a otros, fueron responsables de 30000 desapariciones.
Tras seis meses de audiencias fue condenado a reclusión perpetua Jorge Rafael Videla, Emilio Massera recibió la pena de cadena perpetua y Roberto Viola fue condenado a 17 años de prisión, Orlando Agosti recibió 4 años y medios y Armando Lambruschini fue sentenciado a 8 años. Absueltos resultaron Omar Graffigna, Leopoldo Galtieri, Jorge Anaya y Basilio Lami Dozo.
El juicio marcó un hecho inédito en los procesos de transición democrática; de hecho fue el único realizado en los países del Cono Sur que sufrieron similares condiciones de Terrorismo de Estado. Desde entonces, comenzó a desandarse el camino de justicia y a tejerse un manto de impunidad aún presente. Lo hizo el ex presidente Raúl Alfonsín con las leyes de obediencia de vida y de punto final, sancionadas bajo presión militar en 1987, lo hizo el ex presidente Carlos Menem con los vergonzosos indultos a los mismos genocidas que fueron condenados en 1985. El poder político y la justicia dieron finalmente el marco para sostener una memoria oficial centrada en la impunidad y el olvido.
Hoy, a pesar de la nulidad de las leyes de impunidad, aprobadas por el Congreso Nacional en 1993 y ratificada por la Corte Suprema de Justicia, muchos responsables del terror siguen libres y se suceden hechos que sustentan tanta irracionalidad. Senadores que quieren censurar cuentos infantiles que hablen del régimen militar como es el caso del diputado provincial Mario Casteler (PD), torturadores que pueden llegar al Congreso Nacional, como Luis Patti, o genocidas que llegan a ser gobernadores, como Antonio Bussi.
Parece mentira que 20 años después de esas condenas aún no estén en prisión todos aquellos que formaron parte de un terrorismo de Estado que torturó, asesinó y desapareció a miles de personas. Parece mentira que mientras la sociedad reclama por condenas a los responsables del genocidio, existan jueces que se siguen burlando del pueblo argentino y de la justicia.
Parece mentira.
