Aunque no llegará a tratarse este año, los diputados le presentan hoy al ministro de Educación un documento con los aspectos centrales que debería contemplar una nueva norma universitaria.

La prometida derogación de la Ley de Educación Superior, la norma sancionada por el menemismo en 1995, quedará pendiente una vez más. “Los intensos debates que hubo en el Congreso obligaron a postergarla”, confirmaron fuentes de la Secretaría de Políticas Universitarias. Sin embargo, hoy se producirá un avance hacia la reforma: el trabajo de discusión y reunión de propuestas que realizaron durante los últimos meses los legisladores de las comisiones de Educación se traducirá en el primer documento acuerdo de la Ley Nacional de Educación Superior (Lenes), un documento que este mediodía le presentarán al ministro de la cartera educativa, Juan Carlos Tedesco. Se trata de los resultados de las demandas planteadas por los diferentes actores del sistema universitario e incluye los lineamientos generales que debería contemplar la futura ley. Entre ellos, la centralidad del Estado en el financiamiento de la universidad pública y la gratuidad de los estudios de grado (ver aparte).

“El tratamiento de un proyecto de ley de educación superior fue pospuesto para el año que viene”, aseguró a PáginaI12 una alta fuente del ministerio. En la cartera, no obstante, continúan avanzando en la elaboración de otro documento, cuyo contenido tendrá –según los funcionarios de Políticas Universitarias– “el mayor consenso posible” dentro del ámbito académico. La demora en el tratamiento de una nueva ley –explicaron– se debió a “los intensos debates que se vienen sucediendo en el Congreso, como la Resolución 125 de retenciones móviles y la estatización del sistema previsional. Igualmente, lo que queremos es una ley universitaria con el mayor debate posible. Así que apostamos a seguir discutiendo hasta conseguir un proyecto viable para la mayoría del sistema universitario”.

La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados concluyó una ronda de consultas por el interior del país para intercambiar puntos de vista con las comunidades académicas regionales. Entre marzo y octubre, el proceso abarcó, entre otras provincias, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Salta. El material recopilado mediante esas consultas se sumará al producido por las más de sesenta entrevistas realizadas en el Congreso, por donde pasaron autoridades de las universidades nacionales y privadas, representantes docentes y no docentes, intelectuales, organizaciones sociales y sindicales.

La diputada Adriana Puiggrós, titular de la comisión parlamentaria, dijo que ya “hay una serie de acuerdos básicos entre todos los bloques. Los únicos que no participaron fueron los diputados de la Coalición Cívica”. En una reunión que mantuvieron el miércoles pasado, los representantes de las distintas fuerzas repasaron el material recopilado por la comisión y sumaron los diez proyectos presentados por legisladores de diferentes bancadas. “Acordamos sobre puntos fundamentales, como que la educación es un bien social, y el rechazo a la declaración de la Organización Mundial de Comercio que califica a la educación como un bien transable. Además quedaron plasmadas también la gratuidad de los estudios de grado y la responsabilidad del Estado en la materia”, explicó Puiggrós.

Después de la promulgación en los últimos años de las leyes nacional de educación, de financiamiento educativo y de enseñanza en escuelas técnicas, la LES es considerada por el Gobierno como la única norma educativa vigente que sostiene un enfoque neoliberal. La gestión de Daniel Filmus en el Ministerio de Educación se había propuesto derogarla antes de terminar su mandato y no llegó a hacerlo. Al asumir en su reemplazo, Juan Carlos Tedesco reiteró el compromiso oficial de modificar el marco normativo de la enseñanza universitaria y terciaria; incluso había mencionado la intención de presentar públicamente una propuesta de nueva ley hacia mediados de año. Pero todo quedará para 2009.

Los puntos centrales

El documento acuerdo para una Ley Nacional de Educación Superior (Lenes), elaborado en el Congreso, incluye los siguientes puntos centrales:

- La educación y el conocimiento son considerados como un bien público y social, y no como bienes transables.

- Se garantiza la gratuidad de los estudios de grado.

- El Estado es el responsable del financiamiento de la educación superior pública, así como de la provisión de los recursos indispensables en lo que hace a la infraestructura edilicia y los materiales didácticos vinculados con las nuevas tecnologías.

- También es responsabilidad estatal la regulación de la educación superior pública y privada, y la orientación de políticas de calidad y excelencia, entre ellas la evaluación y la acreditación de las carreras universitarias.