Los investigadores se propusieron analizar los procesos de formación de las elites políticas a lo largo de la historia de la provincia. El período de fines del siglo XX estuvo a cargo de la socióloga Virginia Mellado, quien comparó los itinerarios universitarios y el acceso a la carrera política de dirigentes a partir del análisis de 544 cargos de hombres y mujeres que ingresan a la actividad a partir de la apertura democrática en 1983.
“A diferencia de otros países donde se pueden distinguir instituciones formadoras de altos funcionarios y políticos profesionales, como las grandes écoles francesas, en la Argentina este proceso es mucho más opaco y tributario de un conjunto de acontecimientos históricos e inserciones particulares de los actores en diferentes espacios como la familia, la escuela/universidad, los sindicatos, la Iglesia, las organizaciones de militancia, el partido político, etc”, escribe Mellado en su paper.
Del total de senadores y diputados nacionales por Mendoza, senadores y diputados provinciales y ministros de gobierno entre 1983 y 1999 analizados por el estudio se desprende que el 73,39% posee un título universitario. “A medida que las posiciones jerárquicas alcanzadas son más altas, la homogeneidad intragrupal tiende a aumentar: los universitarios alcanzan el 62,57% entre los senadores provinciales, el 83,33% entre los ministros de gobierno provinciales, el 77,78% entre los diputados nacionales y el 100% entre los senadores nacionales”, detalla el informe de la socióloga, que agrega otro dato: “En el caso de los diputados nacionales, el acceso de los sindicalistas al Congreso de la Nación, especialmente en las primeras cohortes luego de 1983, aumentó el porcentaje de la categoría de ‘no universitario’”.
Cuando Mellado compara entre los diferentes partidos que obtuvieron representatividad a partir de 1983, descubre que los senadores provinciales de la UCR que poseen título universitario alcanzan el 57,81%, los que pertenecen al PJ el 63,64%, y quienes pertenecen al PD el 66,67%. “Esta composición del personal político contrasta con aquella observada en la década del ‘60, donde los dirigentes mostraban diferente grado de instrucción de acuerdo a esta variable. Hacia 1964, tanto demócratas como radicales exhibían un alto nivel educacional a diferencia de peronistas y socialistas”, analiza la investigadora.
A partir de estos datos se evidencia el valor del título universitario para el desempeño político profesional, y con ello, el rol que juega la universidad en el reclutamiento de los grupos dirigentes.
Mayoría de abogados
Cuando se analiza más en detalle al interior de estas tres generaciones de políticos surge como evidencia que los abogados son el grupo más numeroso: el 23,4% de los senadores provinciales son diplomados en derecho, seguidos por médicos e ingenieros. Para Mellado, esto se debe a que "la actividad política requiere de un conocimiento técnico que el especializado en jurisprudencia puede suplir. Asimismo, la abogacía es una actividad que genera una importante clientela, lazos reconvertibles fácilmente en capital político”.
Algunos de estos abogados de la muestra fueron formados en universidades de otras ciudades (Buenos Aires, La Plata, Córdoba y Santa Fe), ya que en Mendoza no existía la carrera. Recién en 1960, con la creación de la Universidad de Mendoza, -alentada por sectores nacionalistas y católicos, anota Mellado-, se organizó la carrera de abogacía en la ciudad.
Sin embargo, la investigación aclara que aunque se haya creado la carrera en la provincia, algunas familias continuaban mandando a sus hijos a formarse en las universidades con mayor tradición en estudios jurídicos. Quienes se desplazaron geográficamente hacia otras universidades constituyeron una excepción, “una minoría distinguida”, dentro de la dirigencia que se desempeñó desde 1983. Son más numerosos quienes estudiaron y obtuvieron su diploma (en abogacía y otras carreras) en las universidades locales.
La militancia universitaria
El análisis de la formación de los grupos políticos de Mendoza exhibe que el acceso a la universidad favoreció su politización como estudiantes. Este proceso es tributario de la coyuntura en la cual ingresaron a este espacio. “Hacia fines de la década del ‘60, las organizaciones estudiantiles proliferaron y describían un amplio abanico ideológico que cruzaba desde la izquierda hasta el liberalismo”, explica Mellado.
Dos agrupaciones resultaron importantes como vías de acceso a la actividad política profesional: Franja Morada por el lado de quienes después se enrolaron en la UCR, y Línea Nacional por el lado del peronismo. En el primer caso, llegaron a la militancia en el radicalismo muchos que estudiaron fuera de la provincia a fines de los 60 (sobre todo en Santa Fe, donde era muy fuerte la Junta Coordinadora Nacional que después confluiría en el alfonsinismo). “Para quienes ya tenían un cierto acercamiento hacia el radicalismo a través de las redes familiares o de amistad, el grupo de los ‘coordinadores’ y sus reivindicaciones los emparentaba con el nuevo clima de época al hacerlos parte de una movilización político-cultural de ‘oposición al régimen’ militar del General Onganía (1966-1970) a la vez que los alentaba a formar parte de aquellos espacios universitarios que se debatían por la situación del partido radical y su devenir como fuerza política”, analiza la investigadora. Por el lado del peronismo, “la militancia universitaria de esos años parece haber contribuido a forjar una mixtura social específica que modificó en parte la fisonomía del mismo partido político al reclutar sus elencos al interior de las clases medias profesionalizadas”.
Más allá de los matices, está claro que la militancia universitaria, tanto para radicales como para peronistas, “generó vínculos y sociabilidades comunes, un capital relacional que fomentó sus carreras políticas al disponer de lazos no sólo en la comunidad de origen sino dentro de las estructuras partidarias nacionales”, concluye Mellado, quien alerta que este fenómeno de profesionales con título universitario entre los políticos de mayor jerarquía en Mendoza en los últimos 30 años “evidencia los límites o las barreras de acceso de los sectores populares a los espacios de representación/decisión política”.
