Firmaron el acuerdo las máximas autoridades de las dos instituciones, María Victoria Gómez de Erice y Jorge Nanclares, respectivamente, en un acto que tuvo por escenario la Sala de Audiencias de la Corte. Destacando su importancia, estuvieron presentes todos los integrantes del Tribunal menos uno; el subsecretario de Justicia de la Provincia, Alejandro Acosta; el presidente del Colegio de Abogados de Mendoza, Walter Moretti; el secretario general del sindicato judicial, Carlos Ordóñez, y la secretaria de Extensión de la UNCuyo, Rosa Fader. Según los términos acordados, la UNCuyo tendrá a su cargo la selección de los recursos humanos y la administración de los fondos que financiarán las actividades. La Corte, por su parte, se responsabiliza de dirigir las actividades y definir los proyectos relacionados con la gestión, transferir los fondos, designar a los responsables por parte del organismo y respetar la libertad académica y científica en el desarrollo de las ideas y conclusiones. En lo que respecta al ámbito de la gestión de la Justicia, Nanclares indicó que lo que se busca es "una mirada externa" que facilite una "reingeniería" de los procesos y procedimientos que derive en "Justicia eficaz". Para comenzar la implementación, se prevé una "experiencia piloto", que se desarrollará en los Juzgados Laborales. Para el Poder Judicial -subrayó-, es "un lujo" que la UNCuyo se involucre en esta iniciativa en pos de obtener "el mejor servicio de Justicia para la comunidad". Sobre estas actividades, la rectora Gómez de Erice precisó que la intervención del personal de la Universidad será "a partir del rol académico, haciendo un análisis del andamiaje de la gestión judicial. No va a decir qué hacer sino que va a ayudar a encontrar, por parte de los responsables, las falencias y su superación. No es una intromisión".  En lo que se refiere al ámbito académico, la Universidad pondrá en funcionamiento, a partir de mayo próximo, una Maestría Judicial en la Facultad de Derecho. A ese Posgrado -que ya ha sido puesto a consideración de la CONEAU para su acreditación- podrán acceder no sólo los magistrados sino también profesionales empleados del Poder Judicial.