A fines de abril se realizó en la localidad de El Calafate un encuentro de universidades públicas para tratar problemáticas sobre Discapacidad y Derechos Humanos. Participaron referentes de más de 30 casas de Altos Estudios y tuvo por objetivo discutir el desarrollo de una agenda de acciones concretas que tiendan a propiciar la inclusión de personas con discapacidad en el ámbito universitario. 

La Reunión contó con el aval del Consejo Interuniversitario Nacional, la Red Nacional de Secretarios de Bienestar de las universidades nacionales (RedBien), la subsecretaría de Gestión y la Coordinación de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación. 

La  apertura de la reunión -que por primera vez se realizó en Santa Cruz- fue presidida por el  secretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alberto Dibbern; el vicerrector de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Hugo Rojas; el coordinador de la Comisión, Darío Mamaní y la coordinadora de la Red de Bienestar Universitario y secretaria de Bienestar de la UNCuyo, María Belén Álvarez. 

De este modo se consolidó en forma definitiva un espacio que en los últimos años propició la generación de normativas específicas  dentro del sistema universitario orientadas a favorecer la accesibilidad física, comunicacional y académica de las personas con discapacidad. También se trabajó para consolidar la noción de discapacidad como un tema de derechos humanos  y -en este sentido- a la educación como un derecho y un bien público social. 

Signo de tal consolidación es el compromiso que asumió el secretario de Políticas Universitarias de la Nación durante la apertura del encuentro, de “impulsar en el Consejo Interuniversitario Nacional la necesidad de que los rectores y las universidades vean la importancia que tiene el fortalecimiento de las áreas que atienden estos problemas y lograr que se trabaje en forma conectada con las secretarías académicas”. 

Durante la reunión también se detallaron las acciones tendientes a avanzar en el equipamiento para generar bibliotecas accesibles en el  sistema universitario  y  la distribución de netbooks del programa Conectar Igualdad con software especialmente adaptado para personas con dificultades auditivas, visuales o motoras.

De la Universidad Nacional de Cuyo la especialista Alejandra Grzona, expuso sobre las adaptaciones y ajustes curriculares de la UNED.           

Soluciones definitivas 

Luego de la apertura de las jornadas, el secretario de Políticas Universitarias de la Nación señaló que “el tema de la discapacidad merece un profundo debate, pero también merece políticas muy puntuales para poder incorporar soluciones definitivas”. 

“Hasta hace unos años el tema de la discapacidad no era tratado como correspondía en la universidad y en la sociedad en general”, por lo que las personas “encontraban en nuestras instituciones las mismas barreras que encontraban en la vida cotidiana”, sostuvo Dibbern. 

Asimismo señaló que antes no existía en el discurso de la universidad la intensión de hablar de discapacidad, de interculturalidad o de derechos humanos pero que afortunadamente actualmente sí se lo hace.  “La Argentina ha pasado de los discursos a los hechos y ésta comisión ha realizado un gran trabajo que nos ha abierto los ojos a los que tenemos responsabilidades”, acotó. 

En este contexto, consideró que “lo más trascendente en lo que hace al Ministerio de Educación y la Secretaría de Políticas Universitarias es que se ha establecido como política estable trabajar en conjunto con las universidades en el bienestar estudiantil y en las políticas de inclusión, discapacidad y derechos humanos”. 

En tal sentido, señaló que el desafío actual es “trabajar en conjunto y de manera articulada con las secretarías académicas para que esto se transforme en un dialogo que permita mejorar la situación de todos los jóvenes con capacidades diferentes”. 

Por último, reconoció que “el hecho de ver a la política universitaria como un derecho y  como un bien público debe estar acompañado por decisiones que tienen  que ver con lo presupuestario”.            

Nueva mirada 

Por su parte, el coordinador de la CID y DDHH, Darío Mamaní,  explicó que  el objetivo de este cuerpo es acercar propuestas que permitan la real posibilidad de dar igualdad de oportunidades a las personas  en situación de discapacidad en el acceso a la educación  superior. 

 “La conceptualización sobre el abordaje de la discapacidad, tomando la accesibilidad física, comunicacional y académica, y la mirada que tiene que ver con interpretar a las personas con discapacidad como  sujeto de derecho”, destacó el coordinador. 

“Creemos que actualmente nos encontramos en un proceso en el cuál  se deben profundizar políticas activas que permitan avanzar acciones concretas”, expresó finalmente. 

Por su parte, la secretaria de Bienestar de la UNCuyo y actual coordinadora de la Red Bien, Belén Álvarez, especificó los ejes de debate que se están desarrollando desde la red. Y explico que el eje del trabajo es la concepción de la educación como un derecho, como un bien público y como responsabilidad del Estado. 

En este sentido, Álvarez destacó que las acciones en las áreas de Bienestar con eje en la inclusión social y académica, trabajan sobre  la necesidad de desarrollar políticas públicas que tienen en cuenta la visión del “otro”, la mirada del “otro”, y la heterogeneidad social, cultural, económica y territorial de las distintas comunidades. 

Asimismo la coordinadora de la Red Bien, advirtió la necesidad de recrear conceptos, metodologías y herramientas para el acceso a la educación, la permanencia y el egreso de los alumnos con discapacidad en las universidades del país como una forma de preguntarse por la universalidad en la diferencia, y no en la homogeneización de todo lo diferente. “El desafío de las universidades ha sido pasar de la preocupación a la ocupación, poniendo eje en procesos de sensibilización, comunicación y acciones de accesibilidad universal. Álvarez rescató la “formación de espacios de reflexión y de articulación que nutran de contenidos, experiencias e innovaciones permanentemente a las políticas de inclusión en las universidades nacionales”. 

Destacó además el rol de la universidad pública y gratuita como espacio del conocimiento y la actual preocupación por avanzar en la inclusión académica de los alumnos con discapacidad. “Para esto será necesario no sólo la accesibilidad edilicia y comunicacional, sino la capacitación de docentes, estudiantes y personal de apoyo para que a partir de diversas herramientas garanticen el derecho a la educación superior”, subrayó.