Gran polémica generó un proyecto de ley, presentado por diputados de los partidos mayoritarios de Mendoza, que busca cambiar el actual sistema de imposición de costas en los juicios, donde los vencidos deben hacerse cargo de los honorarios de los abogados propios y del vencedor.
La iniciativa plantea modificar ese esquema por uno en el que cada ciudadano que inicia un proceso judicial le pague sólo a su profesional. Esto ha cosechado aplausos y críticas, lo que hace vislumbrar que la Legislatura se convertirá en escenario de un amplio debate.
 
La iniciativa
UNO publicó ayer el planteo realizado por los legisladores Miriam Núñez (UCR), Marcos Niven (PD) y Hugo Morales (PJ), cuyo objetivo de máxima es reducir el alto nivel de litigiosidad, que en los últimos 50 años creció 500% en Mendoza.
Las repercusiones no se hicieron esperar. El vicepresidente del Colegio de Abogados, Aldo Giordano, consideró que la idea atenta contra el derecho a defensa de los ciudadanos en general y de los pobres en particular, y que no es más que un intento de desviar la atención de los temas importantes “con una norma sin sentido social ni jurídico”.
 
“No sobran abogados”
Para el ex fiscal de Estado “no es cierto” que exista una industria del juicio, que los abogados inicien causas sin fundamento, o que el problema de la litigiosidad se deba a la cantidad de profesionales.
“Hay voces interesadas en difundir que la litigiosidad crece como las compañías de seguro en el caso de la mala praxis médica; no sobran abogados sino que falta una educación de excelencia como la que tienen los médicos de Cuba, donde no se quejan porque sean muchos; y nadie es tonto como para empezar un litigio sin motivo, porque luego el juez podría cargarle las costas”, disparó.
Giordano culpó al Estado de ser el principal responsable de la litigiosidad, por despedir agentes de entes públicos en masa, encarar mal la purga policial o inmovilizar los fondos de los ahorristas.
“Imagínese que a usted lo atropellan cuando va cruzando la senda peatonal con semáforo a favor o lo echan sin causa. ¿Por qué debería pagarle usted a un abogado cuando es otro el que debe responder por el daño?”, se preguntó.
 
“Inmotivado”
En el mismo sentido, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), Roberto Godoy Lemos, calificó al proyecto de “inmotivado” y adelantó que si la ley se aprueba sería “una terrorífica injusticia para las víctimas”.
“Coincido en que la litigiosidad es alta y hay muchos abogados. Pero eso no significa que el problema se solucione eliminando un esquema justo en el que paga el que pierde”, arrancó.
El letrado advirtió que existen mecanismos de control como los códigos procesales o el Tribunal del Etica de los colegios de profesionales para sancionar a aquellos que trabajan fuera de la ley con el sólo fin de sumar honorarios.
“Es cierto que a veces los abogados aprovechan para generar incidentes dentro de un juicio con el objetivo de ganar más dinero. Pero ya existe legislación que los castiga. Este es el resorte que hay que aplicar, y que ciertamente no siempre se utiliza, para frenar la litigiosidad. Lo otro es una barbaridad”, agregó Godoy Lemos.
Por último, aclaró que “no es una defensa de la corporación. La realidad es que la norma sería inconstitucional”.
Paola Piquer ppiquer@diariouno.net.ar