El Gobierno provincial defendió nuevamente la medida de cambiar la materia Tecnología por más horas de Lengua, Matemática, Historia y Geografía en los octavos y novenos de la EGB3 de Mendoza.

Para ello el Poder Ejecutivo apeló la decisión judicial que tomó la jueza Fabiana Martinelli, quien declaró a aquel cambio de materias como “inconstitucional e ilegal”.

El fallo de la magistrada fue a partir de un amparo judicial presentado por el SUTE contra esa medida, y ordenó que después del receso invernal las escuelas debían volver al dictado de clases anterior.

El Ejecutivo se basó en cuatro ejes para realizar la apelación contra la decisión de la jueza civil . En primer lugar rechazó el argumento de inconstitucionalidad, en segundo lugar manifestó la legalidad de la norma porque no está reglamentada, el tercero tiene que ver con la negativa por los supuestos daños que se causan a los chicos y el último se refiere a la imposibilidad de hacer cambios curriculares a mitad de año.

Sin embargo, la directora general de Escuelas, Emma Cunietti, adelantó que cumplirán lo planteado y dictaminado por la jueza en cuanto al llamamiento del Consejo de Educación, otro de los puntos que requería la Justicia. “Vamos a convocar el consejo, lo que significa buscar un mayor consenso para plantear el tema”, explicó Cunietti, al término del lanzamiento de la escolarización en la Unidad 3 Alcaidía de Mujeres en El Borbollón, Las Heras.

El consejo –que según la resolución debe ser convocado dentro de los 30 días– será reglamentado la semana que viene y la primer reunión se realizaría cerca del 18 de mayo.

La convocatoria, por disposición de la DGE, será mayor a la que establece la ley: un delegado de los partidos políticos con representación parlamentaria, sindicatos y unidades académicas. Se sumarán organizaciones de la sociedad civil, credos religiosos, supervisores y el sector empresarial.

El primer punto a plantear será cómo se resuelven en la práctica los problemas que acarrea la resolución de la magistrada. Después analizarán el artículo 149 que establece todos estos cambios en Educación.

La DGE insiste en que la presentación que realizó el SUTE fue “insensata, al igual que la resolución de la jueza”.

Andrés Cazabán, asesor de la DGE, criticó al SUTE explicando que con la presentación nunca pensaron en el daño a los alumnos porque no se puede volver a la instancia anterior en sólo dos semanas, “como mínimo necesitaríamos 50 días”.

Agregó, “no entiendo cómo denuncian que los docentes fueron afectados siendo que el 100% está reubicado”.

Por ahora los alumnos deberán esperar la resolución definitiva de la Justicia para saber qué pasará con su futuro en las escuelas.

El Gobierno adelantó que en caso de que la Justicia rechace la apelación, irán a la Corte.

Desde el SUTE precisaron que si la Justicia da lugar a la apelación del Gobierno se presentarán también ante la Corte. Confían en que este tribunal dirima el conflicto entre la DGE y el sector gremial de la Educación.