La distribución del mercado local está en manos de Edemsa (80%), Edeste SA y varias cooperativas eléctricas. Cada una tendrá que solicitar un estudio para reformular la composición tarifaria que regirá desde el 2005. Hasta el momento se sabe que los grandes usuarios sufrirán el mayor impacto, según las intenciones del sector empresarial. Las propuestas deberán llegar a la sede del Ejecutivo en un plazo máximo de un mes y medio, para que luego el Gobierno pueda cotejar esos datos con el informe que entregará el Ente Regulador Eléctrico (EPRE) a fines de octubre. En este caso, la evaluación está a cargo de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Tucumán. Al mismo tiempo se seguirán discutiendo los términos de los contratos de concesión. Además del incremento de las tarifas, los funcionarios tienen en la mira la calidad de la prestación y los resultados económicos financieros de las empresas.
Mientras tanto los empresarios mendocinos que se quedarán con el control de Edemsa anunciaron ayer que revisarán los balances de la empresa y que eliminarán una serie de ítem que fueron incluidos como costos de la firma por los antiguos accionistas. La decisión incidirá en forma directa en la discusión de las nuevas tarifas –esta vez, a favor de los usuarios– y representa una buena noticia para el Gobierno, que impugnó los balances y llevó la polémica hasta la Justicia. Si la postura de los dueños mendocinos de Edemsa se mantiene, el conflicto podría desjudicializarse y arreglarse entre las partes. “Somos amantes del diálogo y queremos ponerles fin a todos los litigios que están pendientes con el Estado”, indicó José Luis Cortiñas, representante de los empresarios locales, junto a José Angulo y su sobrino Juan Carlos Angulo. La noticia se conoció al término de una reunión que mantuvieron con el titular del EPRE, Mario de Casas. En abril pasado, el Gobierno impugnó los balances de Edemsa por considerar que las multas y lo que se conoce como amortizaciones de intangibles al canon de concesión no pueden figurar como costos operativos de la compañía. Cortiñas admitió que “el reclamo del Ejecutivo es lógico, porque las multas no pueden ser trasladadas al cliente”.
