La fiscal Orieta Chaler, de la Unidad Fiscal Número 3 de Capital, les atribuyó la comisión de tres delitos: privación ilegítima de la libertad agravada por la violencia y coacción en perjuicio de Emma Cunietti y la asesora Alicia Cobos, y daños a un automóvil de propiedad estatal en el que viajaban las víctimas.

Los nombres de los imputados no trascendieron pero se supo que fueron reconocidos por Cunietti como “un miembro del SUTE en la paritaria y un docente que hace años que no da clases porque tiene licencia gremial”. En breve serán citados a prestar declaración indagatoria.

La magistrada definió las imputaciones en base a las declaraciones de Cunietti, Cobos y el chofer, y de acuerdo con las imágenes televisivas que mostraron cómo la comisión sufrió una emboscada en la esquina de 9 de Julio y Gutiérrez, cuando salían del ex Banco de Mendoza.

Intervino la división Infantería de la Policía, cuyo personal rescató de los manifestantes a las mujeres y las puso a salvo en un edificio de oficinas y departamentos ubicado a pocos metros del lugar de los hechos.

Otros testigos fueron los legisladores Armando Camerucci, Alicia Zapata y Enrique Vaquié. Una vez iniciada la revuelta, dijeron, intentaron mediar entre los revoltosos y la comitiva de educación para evitar que la protesta pasara a mayores.

Sin embargo, el auto fue rodeado –varios manifestantes lo empujaron de manera descontrolada y se subieron al capot– con las funcionarias adentro.

A raíz de los daños de chapería y pintura que sufrió el coche, el expediente penal fue enviado a la Fiscalía de Estado para que inicie una pesquisa administrativa contra los responsables.