Una respuesta de este tenor demuestra que la educación es lo que menos interesa y que sólo hay un problema de dinero a raíz del cual la dirigencia gremial es capaz de decir cualquier cosa. Lo que debería quedar claro de una vez y para siempre es que cuando alguien haga paro no tiene derecho a cobrar por el trabajo no realizado, para que los trabajadores sepan que para ellos el precio de no trabajar como modo de protesta es no cobrar a fin de mes los días no trabajados.
 
Por otro lado, a esta altura nadie se puede mostrar sorprendido, pues tanto en la Administración Pública provincial como en la Universidad Nacional de Cuyo ya se ha avisado que no se pagarán los días no trabajados. Este diario, incluso, hizo una nota donde los dirigentes sindicales daban elusivas respuestas de por qué sí debían ser pagados esos días, pero no había ninguna respuesta contundente ni conceptual que avalara sus deseos. Se ha llegado incluso a plantear que el no pago es una “represalia”, cuando en realidad es sólo el cumplimiento por parte del Estado de la legalidad. En realidad, la represalia hacia la sociedad que les paga el sueldo es la posición de los empleados públicos que no curan, no enseñan o no realizan las tareas por las que cobran con dineros de los ciudadanos.
 
Imagine el lector que le encarga a un carpintero una mesa. El trabajador no hace el trabajo, se declara en huelga y pretende cobrar por hacer el mueble. ¿Alguien le pagará? ¿Por qué, entonces, hay que pagarles a los empleados públicos por tareas no hechas? ¿Dónde está escrito que la sociedad debe financiar la vagancia sostenida y reiterada de un grupo de trabajadores que sin hacer su trabajo pretenden cobrar como si lo hubieran hecho?
 
Dentro del dudoso manejo oficial de estos conflictos, uno de los pocos puntos a favor ha sido la férrea decisión de terminar con esa malformación de pagar por el trabajo que no se hizo. Es un logro cultural que no se debe abandonar