Se abstuvieron de prestar declaración indagatoria los cinco imputados por la muerte de la niña Marcela Sánchez, ocurrida en la pileta de la UNCuyo.
Todos están en libertad porque se les atribuyó el delito de homicidio culposo, que es excarcelable.
Por su parte, la Justicia federal citó a los ex interventores de la Dirección de Deportes de esa institución Fabio Erreguerena y Horacio Fernández a declarar como testigos.
En enero y febrero últimos, ambos remplazaron a Roberto Moyano –uno de los imputados– mientras estaba suspendido preventivamente para ejercer sus funciones porque la UNCuyo tramitaba el sumario interno.
La causa judicial, iniciada el domingo 8 de enero, está hoy en la Cámara Federal de Apelaciones para que los miembros de ésta definan nulidades y otras acciones de carácter procesal que presentaron algunos abogados defensores. Pero la investigación sigue adelante.
Los cinco imputados son Moyano, Marcelo Quiroga, Fernando Svrsek, Manuel Olmedo, Francisco Illanes y Cristian Quiroga. Este último tuvo a cargo la concesión del natatorio en las temporadas 2005 y 2006. Los demás son empleados y funcionarios universitarios.
A todos, el juez Walter Bento los imputó por causar la muerte de otra persona por la inobservancia de los reglamentos.
Recientemente, uno de los imputados le pidió a la Justicia que le permita ampliar su declaración indagatoria, pero –curiosamente– no se presentó, desconcertando a todas las partes que participan en el proceso.
El expediente quedó a cargo del juez federal Alfredo Manuel Rodríguez desde que uno de los defensores lo solicitó, argumentando que no podía litigar en el juzgado de Bento por haber sido secretario de esa dependencia.
El caso
Marcela Sánchez tenía 12 años. Murió ahogada en la parte más honda de la pileta de la UNCuyo, según relató a Diario UNO el bañero que –inútilmente– trató de rescatarla con vida.
Algunas pruebas incorporadas a la causa penal revelaron que quedó atrapada en el hueco de una de las paredes laterales del natatorio mientras estaba en pleno desagote, con gente en el agua.
Peritajes realizados por especialistas de Gendarmería Nacional demostraron que la bomba de desagote activada esa tarde tenía un alto poder de succión y que faltaba la rejilla de hierro que antiguamente tapaba el hueco.
La pileta estuvo cerrada y bajo custodia. Una vez que la Justicia retiró la consigna, en febrero, las autoridades de la UNCuyo colocaron la rejilla e hicieron importantes mejoras para la seguridad.
Se instalaron salvavidas nuevos, se marcaron sobre el piso, bien visibles, los distintos niveles de profundidad y se reforzó la cantidad de bañeros durante las horas pico.
Muchos abonados a la temporada de pileta volvieron. Pero numerosos padres retiraron a sus hijos por temor a una nueva tragedia.
José Luis Verderico jlverderico@diariouno.net.ar
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