Las filmaciones de los canales locales de televisión son algunas de las pruebas documentales.

También, en breve, serán citados a declarar varios testigos oculares. Entre otros, Alicia Cobos –hermana del gobernador–, quien acompañaba a Cunietti a la salida del edificio legislativo de 9 de Julio y Gutiérrez y algunos policías que participaron del operativo de prevención y represión.

Todo comenzó cuando Cunietti fue abordada, apenas subió al automóvil de uso oficial, por manifestantes que protestaban por los cambios en los planes de estudios y otros que integraron una columna que llegó desde el SUTE, donde se celebraba un plenario.

La funcionaria estuvo una hora con la fiscal, quien interrumpió una reunión con representantes de Cancillería y otros magistrados para tomarle declaración. La acompañaron un abogado y dos asesores.

Su rostro denotó cansancio. “No pensé todavía en ser querellante”, respondió cuando un cronista le preguntó si demandaría judicialmente a sus agresores. “Ahora sólo estoy reflexionando sobre lo que pasó: la sociedad no quiere violencia; estamos cansados de la violencia que está ganando las canchas de fútbol, los delitos y nuestra capacidad de vivir en sociedad”.

“Sí”, dijo, secamente, cuando se le consultó si entre los agresores había representantes del SUTE en la paritaria docente, como se dijo desde que ocurrieron los incidentes. Otras caras conocidas vio en medio del tumulto: “Son docentes y no ejercen la docencia desde hace muchos años porque tienen licencia gremial”, precisó.

En todo momento evitó dar detalles y nombres amparándose en el secreto de sumario.

Alentó Cunietti que todo termine por la vía del diálogo. “Esto puede ser un callejón sin salida”, opinó acerca de las consecuencias del proceso abierto ayer para futuras negociaciones con el gremio.