Según publicó en su edición de ayer el matutino La Capital, los alumnos aseguraron que, “con manejos autoritarios y turbios”, Silberstein ubicó “de manera discrecional” a su hija para favorecerla en su carrera.

De acuerdo con lo que consta en la denuncia, el supuesto “tráfico de influencia” implicó también a la esposa del decano y a otros miembros de su círculo más cercano, y se habría vuelto una práctica “habitual” en esa facultad.

Los alumnos apoyaron su acusación en una serie de escuchas telefónicas que revelaron el modo en que se acordaba la entrega de cargos.

En las escuchas, según lo indicado por los denunciantes, se demuestra que no sólo la esposa y la hija del decano eran los beneficiados, sino que también recibieron supuestamente esas ventajas otros dos funcionarios de esa misma casa de estudios, como el secretario de Asuntos Estudiantiles y el subsecretario académico de la facultad.

Según afirmaron los estudiantes, el último de ellos es además socio del decano en su bufete de abogados.

Además, dijeron que en una conversación telefónica, el subsecretario académico confió a la esposa del decano que el “tráfico de influencias” era a su entender una práctica habitual.

Los denunciantes se identificaron como “estudiantes perjudicados” y explicaron que la hija del decano fue incluida entre los alumnos que pueden cursar las materias Análisis de Casos y Quiebras pese a que la estudiante no había alcanzado los méritos académicos para hacerlo.

Ahora, la Justicia tiene en sus manos la denuncia efectuada por los estudiantes, para establecer las presuntas responsabilidades del decano.