Lejos de tranquilizarse con el anuncio de Julio Cobos de que en el 2006 habrá un aumento del 10% para los jubilados provinciales (aquellos que dejaron la actividad antes del traspaso de la Caja, en 1996), ayer los representantes del sector docente advirtieron que continuarán luchando por la restitución del 82% móvil.
Esto incluirá una presentación judicial y movilizaciones a la Legislatura, para que el Senado transforme en ley un proyecto que tiene media sanción de Diputados en el que se obliga al Estado local a hacerse cargo de este derecho perdido.
Josefina Orozco, de la Asociación de Jubilados Docentes de Mendoza, se quejó porque hasta el momento desde el oficialismo “sólo hacen anuncios a través de los medios” y “ni siquiera explican con claridad con relación a qué se incrementarán 10% los haberes”.
“Si fuera del sueldo total, en promedio ganaríamos entre $50 y $60 más. Pero si sólo fuera de los ítems blanqueados en las paritarias de principios de año, el dinero sería bastante menos. Se imaginan que eso y nada es casi lo mismo”, disparó.
Además, la dirigente pidió especificaciones sobre cómo se pagará el retroactivo y si esta suba se tomará “a cuenta de la devolución de la movilidad”.
Enojada, Orozco acusó al radicalismo de haber hecho promesas electorales y pidió que rápidamente les contesten el reclamo administrativo presentado por 5.000 jubilados docentes en agosto pasado.
La respuesta a este reclamo se conoce desde la semana pasada, cuando el ministro de Gobierno, Gabriel Fidel, admitió que la Nación no está dispuesta a poner dinero. “Ahora sólo faltan que eso lo firmen y lo notifiquen por escrito, de manera que podamos recurrir a la Corte”, agregó.
El otro frente donde el conflicto puede ponerse áspero para el Gobierno se abrirá en las próximas horas en la Cámara Alta. Ayer, los presidentes de los bloques de la oposición Daniel Cassia (PJ) y Roberto Ajo (PD), admitieron a UNO que el proyecto de autoría de Ricardo Puga (UNIR) aprobado en marzo en Diputados nunca se movió en comisiones del Senado. “Estábamos a la espera de la resolución del problema que prometió el gobernador”, se excusaron.
Sin embargo, adelantaron que están dispuestos a reflotarlo e incluso a votarlo afirmativamente cuando llegue al recinto. De convertirse en ley, en el Presupuesto 2006 el Estado mendocino deberá hacerse cargo de la diferencia entre el 82% móvil y lo que cobran actualmente los jubilados, es decir, del 46% al 70% no móvil.
Aunque no existe un informe que indique con certeza a cuánto asciende el monto global, se calcula que se trata de cerca de $1 millón por mes.
Paola Piquer ppiquer@diariouno.net.ar
