Se acerca el inicio del ciclo escolar y con él aparece en la agenda pública una serie de temas que con dolor podríamos llamar “los clásicos nacionales del verano”: el masivo fracaso de los estudiantes en el ingreso a la Universidad, los edificios escolares en malas condiciones (este año se sumaron las escuelas sin gas) y la conflictividad gremial que amenaza el inicio de las clases.
 
Sin embargo la agenda pública ha incorporado dos nuevos debates: el anticipo del ciclo lectivo y la falta de personas capacitadas para incorporarse a una economía en crecimiento. (Hace unos años el tema hubiera sido el de los comedores escolares en verano y la desocupación.)
 
También nos encontramos con dos novedades institucionales: la ley de educación técnica y profesional y la ley de financiamiento educativo.
 
Con respecto a los nuevos debates, nos llevan a blanquear una situación: el compromiso con la educación es incómodo, aún con metas modestas. No sólo para el Estado que debe invertir más, también para quienes tienen que acortar sus vacaciones, subordinar agendas turísticas a las educativas, admitir que existe vulneración de derechos del niño si éstos van a trabajar. En este caso el compromiso abarca a todos: padres, chicos, docentes, empresarios, gobernantes. Así como todos estamos de acuerdo con la exigencia, pero nos cuesta admitirla cuando nuestros hijos son los que sufren los límites, los problemas educativos no constituyen una enfermedad que se cure de palabra.
 
El otro debate, relacionado con la productividad de nuestra economía y con el trabajo digno, también plantea este dilema. Para agregar valor a nuestros productos es necesaria una educación de cara a un modelo de provincia y de país. Y esto supone cambios, también incómodos.
 
Para ello la ley de educación técnica puede aportar herramientas económicas y políticas que constituyen una oportunidad histórica.
 
Asimismo, la ley de financiamiento educativo se fija metas de inversión que pueden llevar a las escuelas a recuperar su papel de movilidad social en una sociedad esclerotizada por la desigualdad.
 
Por tanto, iniciamos el año con los mismos problemas pero con nuevas herramientas para resolverlos.
 
Después de mucho tiempo de desinversión, en Mendoza se están haciendo más de treinta edificios nuevos y se están reparando más de seiscientos. Llegarán a las escuelas computadoras, libros y equipamiento de laboratorios. Habrá una oferta de recomposición de los salarios, que si bien dista de ser la ideal, hacía muchos años que no se ofrecía al inicio de un ciclo escolar.
 
En síntesis, el compromiso educativo supone la responsabilidad de todos. Y si bien, como dice un conocido filósofo, “la responsabilidad es una visión menos glamorosa que la de la lucha”, todo logro depende de ella. Porque la idea de responsabilidad activa refleja la intención del atrevimiento, la frescura de una mirada nueva, sin miedos, con más respeto por el futuro que por lo que se dejó atrás.
 
La ley de financiamiento educativo planea que al 2010 ingresen al sistema varios miles de millones (el 6% del PBI nacional) y con ellos se alcance una serie de metas. Esto supone recuperar la idea de la “escuela del proyecto nacional”.
 
El mejor de los escenarios posibles es llegar al 2010 con esas metas de inversión alcanzadas y con ellas un significativo progreso en términos de calidad, equidad y adecuación al proyecto de país.
 
El peor de los escenarios es llegar al 2010 con la misma inversión pero sin que varíen los clásicos del verano. Porque habremos perdido una oportunidad. Porque del fracaso no se le podrá echar la culpa solamente al gobierno.