Las normas deben ser generadas con visión de futuro y comprender e incluir respuestas a los cambios a los que está sometida la sociedad. La Mendoza de hoy no es ni la sombra de la Mendoza de hace diez años. Han cambiado muchas cosas; entre ellas la capacidad de producción, la posición frente a los mercados, la posición provincial en los flujos de comercialización nacional e internacional, el perfil de los usuarios y operadores del mercado de tierra, el perfil de los recursos humanos que se demandan para la producción, el tipo de servicios que se necesitan para producir y para vivir dignamente, la capacidad operativa de los gobiernos, entre otros.
 
En este contexto de cambio, el conjunto de leyes y de instituciones que nos organizan como sociedad, han tenido respuestas diferentes: algunas han sobrevivido y se han afianzado, incorporando rápidamente las modificaciones necesarias (en el ámbito productivo: comercio, industrias, etcétera) y otras han demostrado ser totalmente ineficientes para enfrentar las situaciones nuevas que nos aquejan (justicia, distribución de los servicios, remuneración al trabajo, etcétera).
 
¿Es posible entonces, poder gestionar y controlar el desarrollo del territorio con leyes de “uso del suelo”, con enfoques y métodos que se propusieron hace 16 años?
 
Los conceptos han cambiado incorporando ideas más abarcadoras, socialmente más equitativas y ambientalmente más sustentables. Hoy se habla de desarrollo y ordenamiento territorial como herramientas básicas para lograr la competitividad de las ciudades y regiones. El uso del suelo, en este contexto, es sólo una de las múltiples herramientas para lograrlo, pero no es el centro del esfuerzo que se debe desarrollar. El nuevo proyecto de ley –que es mucho más amplio que la antigua ley de uso del suelo– trata de incorporar estos conceptos con una doble función: la de incluir rápidamente en la provincia modalidades innovadoras y modernas para enfrentar su crecimiento territorial y por otro, la de acompañar a la Nación y a las demás provincias argentinas, participando en un proyecto nacional que se ha desencadenado rescatando estos valores.
 
Para ello es necesario tener en cuenta dos situaciones:
 
l En primer lugar, tener presente el documento Argentina 2016, producido por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, que sirve hoy como guía para el trabajo de todas las provincias argentinas. Con él se ha puesto en marcha una política y estrategia nacional de desarrollo y ordenamiento territorial, que incluye tres programas: el PET (Plan Estratégico Territorial) el SIVAT (Sistema de Información, Vinculación y Asistencia al Desarrollo y Ordenamiento Territorial) y la Ley Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (en proceso de elaboración, se puede bajar de internet).
 
Estos tres instrumentos se combinan hoy en un constante y ordenado trabajo de la totalidad de las provincias argentinas: talleres provinciales, regionales y nacionales que se vienen desarrollando desde setiembre del 2004, en los cuales Mendoza ha estado siempre incluida. El último se desarrolló entre el 15 y 16 de marzo pasado en la ciudad de Buenos Aires, donde las provincias presentaron el diagnóstico de la situación territorial de cada una y construyeron, durante el taller, los diagnósticos regionales, actualmente en proceso de ajuste. Se busca con estos talleres que cada provincia elabore su propia política de desarrollo y ordenamiento territorial, pero en el contexto de combinación con el resto del territorio nacional para convertir en el 2016 a Argentina en un territorio competitivo, sustentable y altamente inclusivo con respecto a su población.
 
La Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial para la provincia de Mendoza, que tiene media sanción de la Cámara de Diputados, se encuadra en este contexto y pone a Mendoza a la vanguardia de las demás provincias, otorgándole los instrumentos necesarios para lograr eficiencia en esta tarea, alcanzar una amplia participación de los actores que tienen que ejecutar acciones y gestionar el territorio y servir además de guía para construir una nueva manera de vincularse con el mercado de tierras.
 
l En segundo lugar, es necesario tener en cuenta que el proyecto de ley aprobado define un marco de referencia sobre lo que hay que hacer, quiénes son los responsables y las modalidades generales de acción; pero con ello se abre un ámbito de deliberación generalizada para construir el futuro del territorio mendocino.
 
Ninguna ley –por muy amplia que sea– puede contestar para dónde deben crecer nuestras ciudades, dónde limitar el desarrollo urbano para conservar la productividad rural, qué área de qué departamento debe ser preservada, estimulada o controlada. Eso debe surgir de una planificación creativa y continua que debe ser realizada por los municipios y por la provincia en un proceso coordinado con los operadores y usuarios del territorio, para controlar los procesos de ocupación, el desarrollo del mercado de tierras y la distribución de la población y sus actividades.
 
Esta nueva ley nos obliga a iniciar el proceso y nos da amplias posibilidades de combinación de los intereses públicos y privados en planes, programas y proyectos para poder poner en marcha un proceso de desarrollo territorial. Dependerá del juego de los operadores, de los pactos y convenios y los planes aprobados el resultado de las acciones que emprendamos en cada sector de la provincia.
 
Y de ninguna manera habrá 18 formas de encarar la cuestión, ya que la Provincia tendrá que tener la fuerza necesaria para coordinar, hacer de facilitadora en la tarea de consenso, negociación y sobre todo, deberá velar para garantizar la orientación del proceso hacia la competitividad territorial y la calidad de vida previstos previamente en los objetivos (que entre todos deberemos acordar).
 
Más bien, habrá 18 maneras de entender el futuro territorial de acuerdo a lo que –en cada municipio– su población entienda como escenario deseable e integrador para todos sus habitantes. Muchos municipios ya han emprendido en parte esta tarea y si vemos los resultados comparativamente, aparecen objetivos comunes entre los municipios, planes y proyectos que buscan esos objetivos, pero respetando la modalidad, las motivaciones y las expectativas de las comunidades locales.
 
¡De no entenderlo así, sería pensar que el desarrollo territorial viene en un frasco cerrado que se compra!
 
Para que ese proceso ocurra, primero debe reglamentarse la ley; y es allí donde se deberán insertar las condiciones, los tipos de convenios, las limitaciones, las modalidades, las regulaciones y las premisas de base que pondrán en marcha el espíritu de la ley.
 
l Sobre todo, en tercer lugar, es necesario comprender que la gestión territorial debe ser entendida hoy como un ámbito de colaboración responsable entre lo público y lo privado, donde los gobiernos locales tienen mucho que decir y hacer. Los procesos excesivamente concentrados –como los que hemos tenido hasta la fecha– sólo han logrado construir este fabuloso desorden del que disfrutan los grandes operadores, profesionales y gestores que pueden hacer lo que los enriquece a costa de cada vez mayores y menos previsibles costos sociales. Y al amparo de esta situación se ha dilatado –por más de quince años– la sanción de la tan mentada “ley de uso del suelo”: tantas veces debatida y nunca aprobada... pero que hoy no nos sirve para conducir el territorio.
 
Hoy, una vez más, estamos ante el nuevo proyecto con la misma ola de “quejas” de siempre; las mismas que han hecho durante todos estos años y que continúan haciendo de la dilación la herramienta perfecta para sostener sus intereses: “mejor seguir esperando por la ley perfecta”!
 
A nivel de territorio nada es perfecto ni permanente, sino dinámico y flexible, ya que un territorio es una unidad espacial conformada por un tejido socio-político cambiante, estructurado de acuerdo a determinadas formas de producción, consumo e intercambio fluctuantes, sobre una base de recursos naturales, y sobre instituciones y formas de organización particulares. Pero necesita, sin duda, orientaciones firmes y claras para desarrollarse.
 
Actualmente, la lógica del desarrollo territorial se basa en una serie de políticas coordinadas entre todos los niveles de gobierno, como así también de las tendencias sociales dominantes, del avance y desarrollo tecnológico disponible y de las fuerzas de mercado, cada uno con sus propias estrategias, en el contexto de un proceso de globalización e integración creciente.
 
El nuevo proyecto de Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial incluye las bases para una nueva forma de encarar la política territorial y por ello establece con sencillez y claridad, objeto y finalidad, conceptos y definiciones, instancias comprometidas en el proceso e instancias de coordinación, niveles de formulación de planes y proyectos, competencias y viabilidad de los mismos desde el punto de vista sociopolítico, económico y ambiental, definiendo elementos técnicos básicos para garantizar la operatividad.
 
Señala con claridad la responsabilidad de los actores públicos (provincia y municipios), de operadores sectoriales, de las entidades territoriales que serán reconocidas en el ordenamiento territorial y el modo de participación y complementación con la actividad pública.
 
Es hora de que avancemos con una ley que incluya estos aspectos y que induzca a mejorar nuestra actitud frente al territorio. El nuevo proyecto de Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial que se ha sancionado contiene las herramientas básicas para que se oriente el proceso hacia una mayor eficiencia territorial, adecuando las acciones a las características propias de cada zona de la provincia, incluyendo a los actores locales en el proceso de decisión y control del desarrollo territorial, sin perder de vista el rol coordinador y facilitador de la provincia.
 
No como hoy, que sólo lo controlan aquellos que pueden capitalizar las inversiones públicas en beneficio de sus intereses individuales.
 
El debate ha durado 16 años. ¿No es suficiente? ¿No es hora ya de ponerse a trabajar?