Hoy el sistema educativo está cuestionado, devaluado. Los docentes no están conformes con lo que ganan ni con lo que percibirán cuando les llegue la hora de la jubilación y por eso paran. Los chicos pierden clases como nunca. Faltan porteros. Los edificios escolares, aunque se anuncie, y bienvenido sea, que se construirán nuevas escuelas, están en deficiente estado. Además, los gastos presupuestarios para enseñanza se mezclan a veces con los destinados a los comedores que funcionan en las escuelas mientras los directores deben asumir todavía la responsabilidad extra que significa administrar también un comedor. Y aunque lo hacen a disgusto, no pueden negarse, porque sus alumnos tienen hambre. Tanta es la necesidad que la escuela que descansa de su tarea de enseñar en tiempo de vacaciones mantiene sus puertas abiertas para que más de un chico pueda seguir alimentándose. Complicado panorama, difícil de resolver si no existen políticas claras. Claro que esas guías políticas no deben llegar esporádicamente cada cien años. En todo caso apuntarán al futuro pero atendiendo a las correcciones que los tiempos dicten.
Sobre este tema, así como sobre otros también, el Estado está obligado a brindar información suficiente como para que la gente tenga cabal noción del modo en que se administra y pueda de esa manera juzgar si sus aportes se emplean adecuadamente. Y esto dicho a propósito de quienes prefieren actuar sin dar explicaciones. Porque con transparencia plena es la única forma en que el ciudadano puede ejercer un verdadero control de sus derechos como contribuyente y beneficiario de la acción estatal.
Por lo que se sabe, según el presupuesto 2005, por cada peso que gasta el Gobierno nacional $0,08 se asignan a educación y cultura. Lo mismo que a defensa y seguridad y menos de lo que se destina a pagar intereses de la deuda, que es de $0,13. Compartamos el progreso globalizado, pero no hay que perder de vista que una sociedad democrática requiere de economías más competitivas pero también más justas, las que serán el fruto de planes plasmados por personas que hayan recibido la educación necesaria. Y esa educación, calificada, no es precisamente la que se está impartiendo a juzgar por lo que expresan algunos expertos, acaso por haberse pretendido trasplantar reformas sin haber contemplado que fueran solidarias, de admiración al conocimiento, con sentido común y fundamentalmente humanitarias.
La decisión política del Gobierno nacional de crear un fondo que dependerá del aumento de recaudación de los impuestos coparticipables para destinarlo exclusivamente a educación es loable. Mas hay que convenir que también el Estado, como principal responsable, debe garantizar cómo será la educación que se brinde.
Por eso deberá conocerse en detalle el modo en que se distribuirá para que resulte equitativo y no se profundicen aún más las actuales diferencias. Eso evitará preocupaciones y también suspicacias. Nuevamente nos topamos con la importancia de una buena comunicación.
Actualmente la inversión en educación es la menor de los últimos diez años, señaló un estudio del Instituto para el Desarrollo Social Argentino: en 2001 era de 5,2% del PBI, pero, como consecuencia de la caída de los sueldos docentes por la devaluación, disminuyó al 4% actual. Según los cálculos del referido instituto, si el Gobierno nacional alcanza los objetivos propuestos con la aplicación de la ley de financiamiento educativo, en 2007 la inversión llegaría a 5% del PBI, es decir menos que antes de la devaluación. Claro que podría ser aún peor de no mediar preocupación para solucionar el problema. Todos los discursos políticos reconocen el valor estratégico de la educación, de ahí el contraste con la realidad, ya que a los bajos niveles de aprendizaje se les agregan muchos días sin clases que amenazan con convertir a este 2005 en un año académicamente perdido en algunas provincias.
La prioridad de invertir más en educación es esperanzadora porque permite intuir un futuro mejor, pero lo que también se necesita para reencauzar la educación en el país es una coherente y al mismo tiempo urgente organización del sistema. Un ciudadano con estudios será mejor categorizado en su empleo y vivirá mejor. Pero fundamentalmente, ciudadanos mejor formados serán mejores personas, solidarios y preocupados por el prójimo, por la justicia, y responsables por la vida en democracia.