Además, la poda y los cortes clandestinos por parte de vecinos siguen en aumento, no hay un programa para sustituir los forestales viejos o muertos ni una política de Estado coordinada destinada al cuidado de los forestales.

Varias son las causas de este preocupante panorama. La crisis social y económica les resta a las comunas la posibilidad de destinar recursos a esta tarea. Las municipalidades están a cargo de los árboles de calles, plazas y paseos; el Departamento General de Irrigación, de los ubicados a la vera de los cauces y las vialidades Nacional y Provincial, en las rutas.

Por sobre estas dependencias, la Dirección de Recursos Naturales Renovables ejerce el poder de policía. Su titular, Leopoldo León, admitió que con los años se sumaron tareas al organismo (cuidado de áreas protegidas, preservación de la fauna silvestre...) que les impide abocarse en forma exclusiva –sea con personal o presupuesto– a la protección del bosque.

Los especialistas sostienen que la falta de una política conjunta y de controles más estrictos influye para que el diagnóstico sea crítico. Entre los principales problemas, encontramos:

• Mala selección de especies, que deriva en podas correctivas.

• Tomas de agua obstruidas, acequias impermeabilizadas o capas de cemento hasta el tronco obligan a las raíces a explorar cloacas, jardines o cañerías, con los consiguientes daños.

• Deficientes riego, podas y controles sanitarios.

• Contaminación del aire, agua y suelo urbanos, que matan o deterioran los ejemplares adultos y dificultan el crecimiento de los nuevos.

“Durante años los árboles gozaron de beneficios, como tierra fértil, ambiente benigno y abundancia de agua. Pero el hombre ha producido cambios de tal magnitud que alteraron drásticamente esas condiciones, llevando a algunas especies a un desequilibrio en muchos casos irreversible”, indicó el titular de la cátedra de Espacios Verdes de la Facultad de Ciencias Agrarias, Sergio Carrieri.

“No estamos todo lo bien que querríamos, por eso tenemos los ojos bien abiertos para que el sistema no se siga deteriorando”, indicó León.

Para Mendoza, el arbolado público no es sólo una cuestión de cultura o tradición. Es un servicio público que atenúa ruidos, actúa de filtro de elementos contaminantes sólidos y gaseosos, protege de los rayos ultravioletas, disminuye la temperatura ambiente, aumenta la humedad, produce oxígeno, disminuye la incidencia de los vientos y, por último, constituye un retorno económico indirecto, porque convierte el territorio en un destino turístico, además de mejorar la predisposición al trabajo y prevenir enfermedades.

Cada año hay más multas

Los ciudadanos no toman real conciencia de la importancia que tiene el arbolado público para el oasis, ya que ante cualquier inconveniente priorizan su interés particular o comodidad por sobre la vida del forestal.

Desde Recursos Naturales Renovables no han podido bajar la cantidad de actas que se labran por poda o erradicación ilegal, a pesar de las campañas y las constantes charlas educativas en colegios y uniones vecinales. En el 2001 fueron 463; 593 en el 2002, 476 en el 2003 y hasta agosto de este período llevaban 306, por lo que se estima que al finalizar diciembre se habrá superado la cifra del año pasado.

Tampoco las abultadas multas amedrentan a los vecinos. Según la normativa, por tala la sanción cuesta entre $90 y $230, más un adicional de $1,30 a $33 por cada año de vida del ejemplar mutilado. En caso de poda, la pena va de los $33 a los $229, con el mismo adicional.

“Hemos llegado a colocar multas de hasta $5.000, cuando se trataba de árboles muy viejos”, aclaró el subdirector de Recursos, Ciro Yáñez.