El hospital neuropsiquiátrico El Sauce está lejos de ser sólo un refugio para albergar a pacientes con cuadros psiquiátricos severos y a otros tantos que no tienen adónde ir. En los últimos 15 años se ha sumado con estrépito un nuevo sector: los llamados “pacientes sociales”, cuyas consultas al hospital de Bermejo aumentaron 300% en ese lapso, según el Servicio de Asistencia Ambulatoria.
 
Al parecer, la década de los ’90 y los últimos cinco años de vaivenes políticos y económicos en nuestro país no fueron gratuitos. Según explica el director de ese hospital, Héctor Ortiz, la precarización laboral, el desempleo, la cultura de la frivolidad, la polarización de clases sociales, la pobreza estructural y la creciente inseguridad implicaron un alto deterioro de la salud mental, de la cual los mendocinos no quedaron exentos.
 
De acuerdo a los registros oficiales de El Sauce, en 1990 hubo 9.158 consultas ambulatorias (psicoterapia que en algunos casos incluye la medicación psiquiátrica) mientras que en el 2005 se registraron nada menos que 26.645 consultas.
 
Desde el Servicio de Asistencia Ambulatoria señalan que se trata de pacientes “sociales” más que psiquiátricos, pues representan el drama social de los últimos años. La mayor parte de las consultas es por trastornos de ansiedad, estrés y crisis de identidad, ligados generalmente a la pérdida del trabajo o la ruptura de vínculos primarios.
 
Casi 90% de los mendocinos que acuden a hasta el predio situado en Bermejo, Guaymallén, pertenece a la clase media empobrecida y clase baja, que se quedaron sin cobertura social y médica por no disponer de los recursos económicos básicos.
 
Sólo una minoría –se estima cerca de 10%– agrupa a aquellos pacientes que alguna vez estuvieron internados como “crónicos” en ese hospital psiquiátrico y que deben mantenerse vinculados a un tratamiento pero “cama afuera” y en carácter de sostén externo. No obstante, en estos casos, el tratamiento ambulatorio fracasa.
 
“Los pacientes crónicos vuelven al hospital en forma voluntaria después de haberse ido. Es que durante muchos años crearon una forma de vida dentro del hospital y padecen del síndrome de hospitalismo. No quieren una vida afuera”, argumenta Ortiz.
 
Un hospital desbordado
 
Ahora bien, el notable incremento de la demanda acarreó no pocos problemas en el funcionamiento del neuropsiquiátrico. Por un lado, la política del “stock permanente” de psicofármacos le significó al Estado provincial un engrosamiento presupuestario que se tradujo a $700 mil en el último año. Ansiolíticos y antidepresivos son los más pedidos.
 
Por otro lado, existe un desfase entre la cantidad de pacientes y la de profesionales de la salud disponibles en consultoría externa, ya que no superan la veintena. Por esta razón, hoy se atienden a cuatro pacientes por cada hora de consulta, lo cual va en claro detrimento de la rápida recuperación de aquel que padece algún trastorno. “El Estado tiene falencias pero también pudo contener a mucha gente que hoy estaría destrozada y excluida del sistema”, dice Ortiz.
 
Niños y jóvenes, en problemas
 
Otro dato llamativo es el que arroja el Servicio Infanto Juvenil.
Pues allí la demanda también se triplicó en la última década y los edades de los pacientes que acuden con más frecuencia van de los 7 a 14 años. En el 2005 hubo 1.654 consultas, cuando esa cifra no alcanzaba la mitad hace una década. “Estos hijos son el reflejo fiel de cómo se destrozaron las familias en la década pasada”, concluye Ortiz.
Los crónicos y los judicializados
 
Además de la sobredemanda en los consultorios externos, El Sauce también debe lidiar con dos problemas puertas adentro, que también se vinculan más al drama social que al psiquiátrico: los crónicos y los judicializados. En ambos casos, se habla de que hay una mayoría de casos en donde no existen cuadros severos psiquiátricos que justifiquen una estadía por más de un año en el neuropsiquiátrico.
 
Crónicos: los sin techo
 
Los internos crónicos hoy representan más de 30% de los pacientes que viven allí. Si bien están distribuidos en casi todos los servicios de la institución, la mayoría se nuclea en el pabellón de Crónicos,en donde viven más de 20 hombres, y cuya permanencia va de los 10 a los 48 años.
 
El director, Héctor Ortiz, asegura que son casos más vinculados al abandono familiar y a la indigencia.
 
“Desde una óptica nueva de la salud mental, los pacientes que llegan no deberían permanecer en un neuropsiquiátrico, pero ocurre que no tienen otro lugar adónde ir. Muchos no tienen familias y los que tienen, son rechazados por ésta”.
 
Si bien el hospital cuenta con un servicio de sostén externo (hogares geriátricos, familias cuidadoras, hogares, seguimiento domiciliario), muchos internos regresan a El Sauce, porque después de tantos años se “hospitalizaron”.
 
Los que manda la Justicia
 
Si bien el 48% de los internos de El Sauce llegan por derivación de la Justicia, la mayoría no son peligrosos. Son sólo 32 pacientes los que hoy viven en el Servicio Cerrado del hospital porque representan un peligro contra sí y contra terceros. “Por falta de infraestructura aquí llega una gran cantidad de gente que no presenta cuadros de psicosis o esquizofrenia –agrega Ortiz–. Recién ahora, la Justicia local está actuando con más criterio sin violar derechos humanos”.
 
Saber prevenir y contener
 
Por Jorge Gibson, médico psiquiatra-psicoterapéutico
 
La salud mental está descuidada desde los lugares primordiales: el Estado y la universidad. Pues el primero no tiene capacidad racional ni sensibilidad social, mientras que la segunda, no prepara realmente a sus estudiantes.
 
La universidad desde su lentitud provinciana debe adecuarse a la formación universalista de sus futuros egresados. Si la universidad cumpliera mínimamente lo que su nombre sugiere, no todos los profesionales pero sí un gran porcentaje de los egresados de la salud mental, estarían en óptimas condiciones para ser eficientes con la comunidad.
 
La función de los hospitales psiquiátricos debería ser la de prevención y contención social. El primordial servicio debería ser el consultorio externo y la guardia para lograr ese objetivo.
 
De esta forma se evitarían internaciones innecesarias o demasiado prolongadas. En la década de los ’90, el Estado favoreció e incrementó el dolor social por implementar políticas de insensibilidad social y un circo económico sin implementar una verdadera contención hospitalaria. Incluso, en este campo disminuyó el personal, favoreció la internación indiscriminada, por patología social y no real.
 
En este sentido, el ámbito académico tampoco orienta sobre la importancia del diagnóstico para reconocer las psicosis funcionales o “emergencias espirituales”, tal como establece el psiquiatra Stanislav Grof. Un buen diagnóstico es vital para evitar internaciones y favorecer tratamientos cortos y eficaces.
 
Ambas falencias trajeron consecuencias alarmantes. En 15 años aumentó más del 300% el número de consultas, y se mantuvo la misma cantidad de profesionales. Modernizar la currícula universitaria y crear un vínculo más fluido con la salud pública podría ser una buena salida.
Valeria Caselles vcaselles@diariouno.net.ar