SAN RAFAEL– Luego de quince días de deliberaciones, el tribunal de la Primera Cámara del Crimen absolvió de culpa y cargo por los delitos de “calumnias e injurias” a los ocho docentes y alumnos querellados por la rectora de la Escuela Normal, Margarita Masciotti.
Según el fallo dictado ayer por el presidente Eduardo Orozco, Masciotti será además investigada por el posible delito de “defraudación a la administración pública”, según diversas irregularidades denunciadas durante el juicio oral y público.
El debate analizó ciertos dichos de los profesores acerca de una sospechosa elección que coronó a la rectora a su tercer mandato consecutivo, y un mal manejo de los fondos de la Cooperadora de la Escuela Normal y de la Secretaría de Extensión con la Universidad de San Luis, por los cuales Masciotti se sintió ofendida y recurrió a la Justicia.
Los hechos ocurrieron a mediados del 2003 cuando los profesores Ramón Maluenda, Luis Vespa, Graciela Séez, Estela Alvarez, Liliana Mascarell, el ex empleado Claudio Carrizi, y los alumnos Fernando Scota y Walter Altamira (ligados a una lista opositora a la re reelección de Masciotti), denunciaron una serie de irregularidades que comprometían a la rectora ante la Comisión de Derechos y Garantías del Senado.
Martín Lecumberry destacó que las acusaciones imputadas a sus defendidos “no existieron”, dado que se debió recurrir al ámbito Legislativo “por no tener respuestas favorables y esclarecedoras en el ámbito educativo”. Según explicó, “no se trató de caer en injurias, sino en el hecho de narrar –sin perjuicios– diversas situaciones y reclamos”.
El defensor destacó el deber de los docentes –por ocupar cargos públicos– de denunciar aquellos hechos irregulares “sin ánimos de ofender, sino de ir con la mera verdad y corregir irregularidades sin que se les niegue el acceso a la justicia”.
En tanto Andrés Mariani, abogado de la rectora, dijo ayer que analizará la posible apelación al fallo. Durante los alegatos, el letrado había señalado que dichas sospechas sobre un mal manejo de fondos o la designación de ésta a un nuevo ciclo en el rectorado fueron “una ofensa y un delito contra el honor de la persona”. Asimismo, destacó las denuncias acerca de una “mano negra” que falseó las planillas de sueldos o persecuciones ideológicas, como “una ofensa o hechos que pueden ser interpretados peyorativamente”.
Analía Giménez agimenez@diariouno.net.ar