La necesidad de que en el futuro las modificaciones importantes se hagan en base a un consenso de partes fue expresada tanto por los diputados de la oposición que integran la Comisión de Educación como por los miembros del SUTE que participaron del encuentro.

Es más. Las críticas más duras que recibió la resolución 149 que eliminó Tecnología del 8º año y Formación Etica y Ciudadana del 9º año apuntaron, por un lado, a la legalidad de la medida (ver aparte) y por otro lado, al hecho de que se introdujo en forma “unilateral, inconsulta y autoritaria”.

A modo de respuesta, Cunietti adelantó que ve con muy buenos ojos la idea de aplicar “cuanto antes” un proyecto de ley del diputado demócrata Marcos Niven convocando al Congreso Pedagógico, texto que ya tiene media sanción de la Cámara Baja desde el año pasado y que espera su sanción total en el Senado.

La iniciativa establece que una vez aprobada se dará un plazo de 30 días para que comience a funcionar el congreso, y que éste deberá expedirse tras 12 meses de análisis y debate. Las conclusiones deberían ser un dictamen sobre políticas, planes y programas educativos.

Cunietti consideró que el congreso sería un excelente ámbito para discutir el resto de las modificaciones curriculares con las que quieren avanzar en el Polimodal.

Cunietti llegó a la Casa de las Leyes flanqueada por su gabinete en pleno, incluida la asesora Alicia Cobos, hermana de Julio Cobos, y el ministro de Gobierno, Gabriel Fidel.

Ante las diversas preguntas, fundamentó la incorporación de más horas de Lengua, Matemática e Historia en la necesidad de que los adolescentes adquieran competencias básicas y formen parte de un proyecto educativo más exigente.

Sobre este aspecto, ningún legislador de la oposición manifestó reparos. En cambio, criticaron duramente la modalidad de implementación de la norma, y, a propuesta del titular del bloque demócrata, Omar Parisi, adelantaron que mañana, durante la sesión, aprobarán un proyecto de resolución solicitando que se suspenda la medida hasta tanto se convoque al Congreso Pedagógico o al Consejo General de Educación previsto en la ley provincial.

Como contrapartida, Cunietti ratificó una vez más que no habrá vuelta atrás con la resolución porque significaría un trastorno administrativo terrible, teniendo en cuenta que ya se han tomado profesores para los nuevos espacios.

Además, explicó que los cambios se anunciaron en el inicio del ciclo lectivo para conveniencia de “profesores y alumnos” y dijo que si bien hay voluntad de diálogo “el Gobierno tiene que seguir implementado políticas en vez de quedarse de manos cruzadas mientras del sistema se escapa el 40% de los estudiantes. Es casi un compromiso personal”.

Cuestionamientos legales

El debate que copó el encuentro entre los legisladores y Cunietti estuvo referido a la legalidad de la resolución 149, discusión que en definitiva deberá resolver en las próximas horas la Justicia local.

•Desde el PJ, UNIR, Participar, PD y el SUTE se sostuvo en forma unánime que para tomar la determinación la DGE debió haber convocado al Consejo General de Educación, porque así lo establece la Ley Provincial de Educación 6.970, aprobada por la Legislatura en el 2002 y sancionada ese mismo año por la gestión de Roberto Iglesias.

Sin ese paso previo, insistieron, “no sólo se viola una normativa vigente sino también la Constitución provincial, que establece la creación de ese órgano”.

Por lo mismo, quieren que se suspenda su aplicación hasta que se expida la Justicia o hasta que se convoque a un ámbito amplio de discusión.

•En una postura opuesta, desde la DGE explicaron que esa ley nunca fue reglamentada y que por lo tanto no existen los mecanismos que indiquen la forma de convocatoria al consejo. Recordaron que la conformación del órgano fue duramente criticada por los supervisores y que por eso mismo en el 2003 Iglesias envió a la Legislatura un proyecto nuevo de conformación del consejo, iniciativa que nunca fue debatida en el recinto.

Según los asesores letrados de Cunietti, ya está listo un borrador de reglamentación, trabajo que demandó un año por tratarse de una norma tan compleja.

Y aseguraron que la ley no está en plena vigencia, y que por eso mismo tampoco se cumplen otros artículos como por ejemplo el que indica que el 35% del Presupuesto debe destinarse a Educación; o el que establece que los profesores que dan clases en el nivel superior deben tener título de grado y posgrado.