El escrito, redactado por Aída Kemelmajer de Carlucci, considera que la medida de limitar el lugar donde se pueden limpiar los vidrios (con lo cual no se lesiona el derecho al trabajo) no es ni “arbitraria, ni insensata”. Pero lo más destacable es que basó la decisión en el dominio que tienen los municipios de la vía pública. Al fin nos encontramos con una decisión donde se reivindica la autoridad de alguien sobre algo. En general estamos borrachos de esa demagogia por la cual se afectan intereses comunes en función de no rozar los particulares o de grupo. Ese razonamiento debe ser seguido con atención y justipreciado en su sutil construcción, en la medida en que utilizando esa matriz de pensamiento en otras áreas se llegaría a frenar innumerables disparates.
 
Sin ir más lejos, el amparo para ampliar el cupo de Medicina debe ser analizado en este sentido. No se está coartando el derecho de estudiar de nadie, sólo se está diciendo: la autoridad, que es la facultad de medicina, ha dispuesto que para poder estudiar esta carrera las condiciones y exigencias establecidas son tales. Ojalá en este caso también se llegue a la conclusión de que el dominio sobre la rigurosidad de una carrera la tiene que tener la propia universidad y no el deseo de ingresar de alumnos que no alcanzan las metas planteadas para poder hacerlo. Hay muchas otras carreras, como también hay lugares donde se pueden limpiar vidrios sin entorpecer el tránsito o poner en peligro la integridad de los que hacen la tarea, como analiza el dictamen de constitucionalidad de la Corte.
 
Un párrafo aparte merece el escrito de la doctora Kemelmajer cuando dice que los concejales tienen “el deber público de redactar con mayor claridad”, además de calificar de “defectuosa” la técnica legislativa empleada. Un papelón para el Concejo que pone a la luz cómo se complican muchos temas por la deficiencia de quienes se sientan en los sillones.