El Colegio de Abogados de Mendoza estudia la posibilidad de imponer un examen de aptitud o una especie de práctica jurídica previa a la matriculación de los juristas que se reciben en las facultades locales.
No sin oposición interna, la entidad busca así regular el ingreso de nuevos abogados a un mercado laboral en el cual considera que ya hay demasiados de estos profesionales.
Un estudio realizado entre 2001 y 2005 por Rodolfo Díaz, director de la carrera de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Congreso, revela que la cantidad de abogados matriculados en Mendoza pasó de 2.916 a 4.059. Actualmente hay 7.000 estudiantes en las cinco facultades de derecho locales, a las que al año ingresan unos 1.500 jóvenes y de las que se reciben cerca de 200 por año.
Para muchos esa superpoblación actual y potencial genera que Mendoza tenga uno de los más altos índices de litigiosidad del país, con abogados matriculados mediante un sistema que no examina la habilidad para asegurar la calidad del servicio. Además está el dilema de contar con muchos que tienen un título habilitado pero no dónde ejercerlo.
Preocupada por esto, la dirigencia del Colegio puso a trabajar a su Comisión de Regulación del Ejercicio Profesional en una modificación de la ley de colegiación. Tras unos meses, se emitió un dictamen con el proyecto de añadir un examen previo como nuevo requisito para matricularse. Esto no fue del todo compartido por el directorio. Los que están en contra afirman que así se lacera la libertad de ejercicio profesional y de estudio, estipulada en la Constitución.
Desde la entidad se busca otra forma para que poseer el título no sea habilitante en forma automática. Oscar Portabella, presidente del Colegio de Abogados, señaló que si no se acuerda lo del examen la otra opción es obligar a los recibidos a hacer una serie de cursos de perfeccionamiento previos a salir a la calle.
“Algo así como una residencia médica, pero en lo jurídico –detalló–. Exigir el trabajo en algún estudio o repartición pública, con una pequeña remuneración, para que verdaderamente adviertan cómo es la práctica. Pero es una alternativa, lo que sí creo es que tenemos que hacer algo”. Y justificó: “Buscamos defender el ejercicio profesional para preservar un muy buen nivel de los servicios, sin olvidar el aspecto social de los profesionales”. Como el asunto ya plantea polémica entre los abogados, el 1 de setiembre se realizará un encuentro en el Colegio para discutir el tema. Pero como es un problema a nivel país, se convocará a una reunión nacional para fines de octubre. Allí, Mendoza recibiría a expertos de la Comisión de Habilitación, de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, para conocer proyectos de otras provincias.
* Fabián Sevilla / fsevilla@diariouno.net.ar