La decisión, según informó el rectorado, se sustenta en una recomendación del abogado a cargo de la investigación sumaria de lo sucedido ese día, Carlos Aranda.
 
El profesional indicó en un informe que “las intervenciones y suspensiones preventivas sugeridas se dispusieron con el fin de poder permitir que la investigación se realice bajo un marco de celeridad, objetividad y transparencia; que en virtud de lo manifestado entiendo que no existen razones para continuar” con esas medidas.
 
La rectora, María Victoria Gómez de Erice, le puso la firma a esta decisión “sin perjuicio de las acciones que pudieran surgir” del sumario o de la Justicia.