Estos fueron algunos de los preocupantes datos estadísticos que se manejaron ayer en Mendoza, durante el Seminario Médicos y Abogados-Abogados y Médicos versus la Mala Praxis que se realizó en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCuyo, y que también contó con la organización de la Facultad de Derecho y la Fundación OSDE.

Durante la jornada de reflexión los médicos hablaron en duros términos y denunciaron que contra su actividad se ha creado una verdadera “industria del juicio” por parte de “malos abogados que sólo buscan un negocio”.

También confesaron que trabajan con “miedo” y que los profesionales de mayor prestigio y trayectoria rechazan atender casos complejos para evitarse reclamos.

Desde la visión médica, la litigiosidad que viene creciendo en forma “escandalosa” con el tiempo pone en peligro el sistema de salud. La afirmación tiene sus fundamentos numéricos.

A modo de ejemplo, el superintendente de Servicios de Salud del Ministerio de Salud de la Nación, Rubén Torres, indicó que al año se entablan demandas por mala praxis contra las obras sociales por $490 millones, mientras que el Fondo de Redistribución Solidario Nacional –por el que se financian programas como el de sida, trasplantes o discapacidad– es de $500 millones.

Además de los juicios de mala praxis, también se está generalizando otra modalidad judicial: los amparos para exigir determinadas prácticas en forma gratuita, aunque la persona no pague un plan que las contemple.

Según Torres, con los montos de las demandas que existen sobre las obras sociales por prestaciones a cubrir que están fuera del Programa Médico Obligatorio (PMO), se podrían financiar 138 trasplantes al año; atender a 865 discapacitados; o cubrir el tratamiento de 474 enfermos con sida.

Por último, el gerente de la filial Mendoza de OSDE, Arturo Erice, alertó que otro costo económico importante surge de la necesidad de hacer “medicina preventiva”, es decir, el pedido de estudios y prácticas que no son imprescindibles ni habituales, aunque el médico las solicita para evitarse un problema a futuro.

“Esto implica erogaciones extra que podrían evitarse si el sistema fuera más racional”, cerró Erice.

Una litigiosidad indebida

De las demandas por mala praxis que se inician, sólo 20% termina con una sentencia favorable para el paciente. En el otro 80% de los casos, los jueces rechazan los pedidos o directamente no los resuelven. De ahí que los médicos hablan de una litigiosidad “indebida”.

Los abogados admiten que la mayor parte de los reclamos son infundados y que sólo una ínfima parte tiene justificación.

“Bajo el amparo de la posibilidad de litigar sin gastos, muchos ciudadanos se embarcan en juicios contra médicos a los que pretenden achacar toda la responsabilidad, olvidando que la enfermedad y la muerte son parte de la vida”, explicó Roberto Vázquez Ferreyra, abogado de instituciones médicas.

Consultado sobre qué lleva a los letrados a buscar juicios por mala praxis médica, Vázquez Ferreyra soltó: “Es como un billete de lotería en blanco. Una especie de prode. A lo mejor sale el número favorecido. Y como los demandantes no corren ningún peligro en caso de perder ¿qué pierden?”, se preguntó.

El letrado contó que aun perdiendo el juicio, muchas veces existen incidentes ínfimos gracias a los cuales los abogados logran cobrar honorarios, que son proporcionales al monto de la demanda. “Yo tengo en mi poder 10 juicios donde los reclamos superan los $4 millones de pesos”, aseveró.