La estrategia desplegada para intentar que quede firme la eliminación de la materia Tecnología a cambio de más horas de Lengua, Matemática, Historia y Geografía va en dos sentidos:

Por un lado, se convocó formalmente al Consejo General de Educación, del que participarán representantes de los partidos políticos, universidades, Consejo de Educación Católica, institutos de educación superior y SUTE.

La conformación de este espacio –que es uno de los puntos que pidió la magistrada civil y comercial Fabiana Inés Martinelli cuando declaró la inconstitucionalidad de la resolución 149– se definirá la semana que viene cuando cada uno de los citados envíe el nombre del especialista que participará de los encuentros.

Y se calcula que la segunda semana de junio podría concretarse la primera reunión.

Si bien el consejo analizará diversos temas, se arrancará con la discusión del expediente que concretó las modificaciones curriculares.

No bien arranque el diálogo, las autoridades del gobierno escolar tirarán sobre la mesa el rosario de perjuicios que, desde su visión, significaría desandar el camino impuesto en los 8º y 9º años durante la primera mitad del 2005.

“Varios docentes perderían horas, muchos alumnos repetirían el año porque tenían pendiente Tecnología, y todos tendrían que seguir cursando durante las vacaciones de verano para sumar las horas correspondientes a un ciclo lectivo completo”, resumió el asesor de la DGE, Andrés Cazabán.

A la vez que presenta este panorama, el oficialismo elevará una propuesta alternativa y escuchará recomendaciones para mejorarla del resto de los miembros del Consejo.

“No vamos a adelantar en qué consiste el plan que hemos elaborado. Pero esperemos que tenga recepción”, dijo Cazabán.

Esperando el fallo

Con mucha menos expectativa, la DGE también espera con ansias que Martinelli resuelva la apelación que fue elevada no bien se conoció su fallo a fines de abril, luego de que el SUTE presentara un recurso de amparo.

La jueza fue tajante al calificar de “arbitraria e ilegal” la decisión del Ejecutivo.

Dijo que es “porque se realizó sin la consulta obligatoria previa al Consejo General de Educación y porque modifica la situación laboral de 3.000 docentes, entre titulares y suplentes, y su futuro laboral.