En este sentido, Parisi apuntó que “la utilización indiscriminada, excesiva y equivocada debe cesar lo más pronto posible porque no podemos seguir despilfarrando y contaminando nuestros más preciosos suministros de agua”. El proyecto se refiere a la importancia de controlar estos emprendimientos y considera el agua dulce como de utilidad pública provincial, por lo que “su explotación requiere de una legislación específica como sucede con el caso del petróleo”.
Por lo tanto, se plantea que las firmas concesionarias deberán pagar regalías por el recurso que explotan: se calcula que el Estado mendocino recibiría alrededor de $15 millones anuales provenientes de la facturación, si la alícuota es del 5%. Estos fondos tendrán un único destino, consta en la propuesta: hacer inversiones en infraestructura para la distribución de agua potable, construcción de plantas de tratamiento de aguas servidas, financiar y fomentar campañas de concientización del uso racional de agua dulce e impulsar todos aquellos emprendimientos que tengan como fin el empleo eficiente de este líquido. Para medir el volumen comercializado, se prevé la instalación de caudalímetros, algo que no existe en la actualidad.
La Subsecretaría de Ambiente y el Departamento de Irrigación tendrían a su cargo esta tarea, en tanto que el Ministerio de Desarrollo Social y Salud sería el responsable de reglamentar el uso de las instalaciones y de certificar la calidad del agua. Así, si el Senado le da el visto bueno a esta ley, todas las firmas quedarán sujetas al control de la Provincia en el orden tributario, ambiental y de calidad del producto. Al mismo tiempo, el Estado podrá interrumpir la concesión, por 30 años, si no cumplen.
