El estudio, el primero de tres que componen un trabajo más ambicioso llamado Marco Estratégico Mendoza 2012, fue presentado el miércoles e indica, entre otros preocupantes aspectos, que a la escasez hídrica se le suma el consumo desmedido de los usuarios: en la provincia se gastan 400 litros por día por habitante, mientras que en otras zonas áridas ese promedio es menos de 300.
Como parámetro de consumo medio, la Organización Mundial de la Salud estableció 250 litros por día por persona, a pesar de que en algunos países, como en Somalia, sus ciudadanos sobreviven con 9 litros por día.
“La tarifa volumétrica sería una de las soluciones para revertir la pérdida de agua”, explicó ayer a este diario la profesora Graciela Fasciolo, una de las nueve investigadores del estudio ambiental de la universidad.
El trabajo, que demandó dos años de relevamiento de datos, indica que a la baja disponibilidad de agua en la Cuenca Norte (Gran Mendoza) se suma el hecho de que se pierde el 33% de los 600 litros diarios per cápita que se potabilizan.
Respecto al consumo domiciliario, en Mendoza conviven dos sistemas de cobro. La mayoría de los usuarios (300.000) paga una tarifa fija de acuerdo al tamaño de la propiedad y el resto (20.000) tiene medidores volumétricos que quedaron en las viviendas cuando se abortó un plan para generalizar esta forma de facturación.
El sistema medido se implementó a partir de setiembre de 2001 cuando Obras Sanitarias Mendoza comenzó a medir y a cobrar el exceso en el consumo de agua, según lo estipulado en el contrato de concesión de esa empresa. Este adicional se incluye en el pago volumétrico cuando el usuario sobrepasa el básico que le corresponde por superficie cubierta.
En esa época, el EPAS (ente de control del agua) presentó un proyecto en la Legislatura para que los consumidores paguen un recargo a partir de los 20 metros cúbicos de exceso. Algo que no prosperó.
Tres años antes, en 1998, la Legislatura provincial discutió la aprobación de ese tipo de facturación, pero esa propuesta nunca llegó a implementarse.
El cobro medido era una pretensión de OSM desde el momento en que fue privatizada, en junio de 1998. Para hacer posible el nuevo régimen, la empresa tenía pensado utilizar los medidores de agua potable instalados en los primeros meses de 1996 en distintos puntos del Gran Mendoza e incluso llegaron a colocarse 100 mil de estos aparatos en el área metropolitana, aunque se decía que habían disponibles 285.281 micromedidores. El monto de la inversión fue de $8.500.000.
En aquel momento, las autoridades del organismo hicieron hincapié en que esta modalidad contribuiría no sólo a poner en práctica un sistema más justo para los usuarios, sino también a un uso más eficiente del líquido.
