Aunque parezca descabellada, es una de la alternativas que encuentra la DGE para salir del paso, en medio de la batalla entre la Justicia y el Ejecutivo. Esta propuesta, junto con un paquete de medidas para dar marcha atrás en los cambios curriculares, será presentada ante los miembros del Consejo General.

El Gobierno ha pedido que se conforme una versión ampliada que incluya, además de legisladores y referentes directamente ligados a la educación, a miembros del sector empresarial y entidades civiles.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo confirmó que apelará la medida judicial, aunque esto en la práctica no paraliza la decisión judicial que ordena dejar sin efecto la resolución 149. Sólo cuando se resuelva la apelación en una de las seis cámaras civiles –integradas en el 90% por jueces que piden la indexación salarial–, habrá una definición firme sobre el caso. Se espera que esto ocurra antes de las vacaciones de invierno, fecha tope que impuso la jueza Fabiana Martinelli para dar marcha atrás con los cambios.

En el caso de que el fallo sea desfavorable para la DGE, los técnicos se han puesto a trabajar contra reloj en el rearmado de un plan para desandar el camino transitado desde comienzos de año, cuando se puso en marcha el cambio.

El plan del Gobierno tiene que resolver varios problemas: por un lado tendrá que restituir en el cargo a docentes que en el 95% fueron reubicados en otros lugares; por otro, quedarían ahora sin trabajo los docentes que tomaron más horas de Lengua, Matemática e Historia, con la consiguiente posibilidad de otro reclamo en puerta. Para los alumnos, la única manera de que cumplan con la cantidad de horas mínimas que la ley estipula sería extender las clases hasta marzo del año que viene. “De lo contrario, no se pueden promocionar porque estamos incumpliendo con la ley nacional y con acuerdos federales que establecen la carga horaria de cada asignatura. No hay manera de aumentar la intensidad de horas de acá a diciembre”, explicó Andrés Cazabán, asesor de la DGE.