La Justicia federal de Mendoza le ordenó ayer a la Universidad Nacional de Cuyo que arbitre los medios necesarios para que en los colegios dependientes de ella vuelvan a dictarse inmediatamente las clases.
Ante esta medida, la rectora María Victoria Gómez de Erice dijo que carece de herramientas para obligar a los docentes a darles clases a los chicos, que ya han perdido 40 días de cursado. (Ver aparte.)
La titular del Segundo Juzgado Federal, Olga Arrabal de Canals, también exigió la debida garantía de que las clases no se suspenderán por motivo alguno mientras se sustancia la acción de amparo.
El resolutivo se conoció pasado el mediodía en la Secretaría 4, donde se habían agrupado los padres de los alumnos afectados por la medida de fuerza, quienes irrumpieron en un fuerte aplauso de apoyo a la medida.
Tras declarar la procedencia del fuero federal y su competencia para entender en la causa, Arrabal hizo lugar a la acción de amparo interpuesta por los progenitores de los cursantes de la escuela Martín Zapata, la Facultad de Filosofía y Letras y el Colegio Universitario Central José de San Martín.
En sus considerandos, Arrabal señala, entre otros conceptos, que “le corresponde al Estado el deber de garantizar la prestación regular del servicio de Educación y es la UNCuyo, en virtud de la autonomía universitaria, la que asume ese rol”.
Seguidamente indicó: “Ello, sin perjuicio de reconocer el derecho de huelga, también de rango constitucional, de los docentes a sus legítimos reclamos salariales”.
“No escapa a la suscripta –añadió la magistrada– que en el caso existe una colisión de derechos constitucionales, tales como el derecho a la educación y el derecho de huelga”.
Pero explicó: “Me veo en la necesidad de hacer primar el derecho a la educación que les asiste a los alumnos con el fin de evitar el grave perjuicio que significa la pérdida del año”.
Carlos Sanz, uno de los padres presentes en el juzgado, dijo: “No cuestionamos el reclamo, que siempre apoyamos, sino la metodología”.
Luego habló de lo que significó para los chicos la huelga. “Están angustiados y desconcertados, y además temen que puedan perder el año; esto no es poca cosa. Esta resolución de la jueza es un triunfo de ellos”, afirmó.
Los docentes de la UNCuyo paran en reclamo del blanqueo de adicionales y $800 de sueldo para el cargo testigo, y ayer hubo un alto índice de acatamiento, que en algunos casos alcanzó el 100%.
Catherina Gibilarocgibilaro@diariouno.net.ar
 
La rectora dice que no puede cumplir
Después de que la Justicia federal ordenó restablecer las clases en los colegios de la UNCuyo, la rectora María Victoria Gómez de Erice dijo que no tiene las “herramientas para obligar que los docentes vuelvan a clases”.
Es más, sostiene que el único que puede levantar el paro y obligar el dictado de clases es el Ministerio de Trabajo de la Nación dictando la conciliación obligatoria, que fue pedida la semana pasada. En este sentido, como no ha tenido una respuesta del organismo nacional, aseguró que asistirá a la Justicia federal para intimar a Trabajo.
La resolución de la jueza Olga Arrabal de Canals, titular de la Secretaría Nº4 del Juzgado Federal Nº2, le ordena a la casa de altos estudios instrumentar los medios necesarios para volver a clases. En casos similares de paro en Rosario y en Bahía Blanca, el dictamen de la Justicia fue también dirigido a los docentes, algo que no sucedió en Mendoza, según el rectorado.
“La jueza me tiene que dar herramientas, porque no puedo hacer sumarios, sólo puedo decirles que vuelvan y me pueden decir que no. La huelga es un derecho constitucional”, manifestó la rectora.
Ayer a la tarde no habían recibido aún la notificación oficial, por lo que hoy analizarán la situación en el seno del Consejo Superior.
En esta reunión clave se analizará no pagar el día no trabajado, tal como lo decidió el Gobierno provincial. También estudiarán cómo reorganizar los contenidos que se perdieron en los días sin clases. Una de las propuestas era extender el período de clases hasta el 15 de enero o iniciar el ciclo lectivo 2006 el 15 de febrero.
Gómez de Erice aseguró que hay un vacío legal. “Los legisladores por Mendoza y el Congreso de la Nación deberían legislar sobre el tema, dando una herramienta para saber qué se puede hacer”, alertó.
Cintia Vargas info@diariouno.net.ar