El D2 fue el órgano de inteligencia de la policía que, curiosamente, durante la democracia, desde el gobierno del radical Santiago Llaver hasta el de Lafalla, se dedicó a registrar las actividades de artistas, estudiantes, sindicalistas, periodistas y todo de tipo de activistas. En 1998, el ministro de Seguridad, Alejandro Cazabán, desactivó el órgano y ofreció a los espiados sus legajos. La mayoría de ellos fueron retirados pero quedaron muchos que hoy se encuentran guardados en la UNCuyo. Son unos 2.200 legajos y casi 10 mil fichas con información personal, datos familiares y laborales, domicilios y actividades culturales, sociales, empresariales y religiosas. “Por ahora están organizados en grandes grupos y alojados en un lugar especial para preservarlos, al lado del Rectorado”, explicó Isabel Piñeyro, directora del Sistema Integrado de Documentación de ese organismo. “La digitalización estará a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, con la cual la UNCuyo firmó un convenio para hacer dos copias y recibir un software tipo Excalibur para procesarlos y poder recuperarlos”.
Mientras una copia del material quedará en un archivo de la Nación, otra estará en esa universidad y los documentos en papel, en la Comisión por la Memoria hasta que se apruebe la ley. Esta ya recibió la aprobación de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y ahora se analizará en las de Derechos y Garantías y Hacienda y Presupuesto. Entre las funciones de las comisiones estará esclarecer y dar a conocer los hechos ocurridos durante las últimas dictaduras militares, desde 1955. “Se busca mantener latente la historia reciente de nuestro país en la memoria de los mendocinos y transmitir a las futuras generaciones las lecciones y legados de esas épocas”, explicó el diputado Alberto Rodríguez Medina (UCR). El legislador fue quien tomó la propuesta inicialmente impulsada por organizaciones de derechos humanos y la llevó al ámbito legislativo. Para cumplir con ese objetivo, una de las labores será diseñar contenidos para dar en las escuelas de todos los niveles y su divulgación en los medios de comunicación. A la vez, se creará una base que estará a disposición de los tribunales que tramiten cuestiones conexas, organismos de derechos humanos y las personas que tengan un interés legítimo.
La Comisión por la Memoria de Mendoza estará a cargo de un equipo técnico interdisciplinario y la integrarán legisladores, personas de reconocida trayectoria política, académica y de derechos humanos y alguien designado por el Ejecutivo provincial. “Todos ellos estarán ad honórem y los recursos para sus actividades saldrán de las partidas que como subsidio designe el Presupuesto. La idea de subsidiarla es para que el aspecto económico no frene su creación legal, lo que también le posibilitará recibir recursos de organizaciones internacionales”, finalizó Rodríguez Medina.
