Por Adolfo Rocha
APM/Agencia taller
Desde París, donde se encuentra acompañando en gira oficial al presidente Tabaré Vázquez, el ministro de Relaciones Exteriores Reinaldo Gargano manifestó ayer que "el gobierno entendió que el caso de María Claudia García, no estaba comprendido en la Ley de Caducidad y que los responsables del secuestro y del posterior asesinato de la nuera del poeta argentino Juan Gelman, debían de ser sometidos a la Justicia". Al tiempo que los senadores de la Vertiente Artiguista, corriente interna del gobernante Encuentro Progresista-Frente Amplio, comenzaron ese mismo día a estudiar el anteproyecto de ley que propone la imprescriptibilidad del delito de desaparición forzada de personas.
Según un comunicado oficial, Gargano destacó que el Gobierno "así lo entiende y así lo va a seguir haciendo en todos los casos en que piense igual; en la Justicia la cosa todavía no ha terminado, todavía queda una etapa, que el Gobierno creo que lo va a recorrer, este es el pensamiento también del Presidente de la República", dijo. En cuanto a su opinión sobre lo actuado por la justicia argentina, el Ministro enfatizó: "No me pida a mí que yo me expida sobre lo que va a hacer la Argentina, ni sobre lo que resolvió la justicia".
Como informara este lunes el diario La República de Montevideo, el anteproyecto, redactado por Oscar López Baldaracena e impulsado por el líder de la Vertiente Artiguista, senador Enrique Rubio, bajo el título "Genocidio, Crímenes de Lesa Humanidad, Crímenes de Guerra y Cooperación con la Corte Penal Internacional (Estatuto de Roma)" tipifica el crimen de genocidio incluyendo al genocidio cultural, e incorpora como crímenes de lesa humanidad el Homicidio Político, la Desaparición Forzada de Personas, la Tortura, la Privación Grave de Libertad, las Agresiones sexuales contra las personas privadas de libertad, y la protección de las víctimas y su reparación.
Consultado por ese mismo medio respecto de la actitud a tomar por la administración frenteamplista respecto de la solicitud de extradición de represores por parte del gobierno argentino, Rubio consideró que en el caso de la nuera del poeta Juan Gelman "no puede caber la menor duda de que, si Argentina inicia los trámites de extradición de los militares implicados, el gobierno uruguayo tiene que habilitar la solicitud".
En este contexto, durante el mes de noviembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará una visita a Uruguay para evaluar la aplicación por parte de ese estado de la Recomendación Nº 29 de 1992 efectuada por ese organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA). Esta resolución declaró la incompatibilidad de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado con los principios sostenidos por los tratados internacionales firmados por ese país.
También exhortó a investigar las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante los gobiernos de los presidente Pacheco y Bordaberry, y posteriormente por la dictadura militar, así como a establecer mecanismos indemnizatorios para las víctimas del Terrorismo de Estado.
La CIDH enviará una delegación de primer nivel compuesta por su Secretario Ejecutivo, el argentino Darío Cantón, y el venezolano Freddy Gutiérrez, Comisionado para Uruguay y la Región. Esta iniciativa surge luego de la “reunión de seguimiento” de este organismo que tuviera lugar la semana pasada, y en la que participaran representantes del Instituto de Estudios Legales y Sociales de Uruguay.
