Por Victoria Alós
Escenarios Latinoamericanos
El pasado martes 16 de agosto Tabaré Daners, comandante de la Armada, propuso una reunión nacional para cerrar el tema de los DDHH con el objetivo de un eventual "mea culpa" colectivo. Las repercusiones fueron diversas.
El hermano del presidente de la República, Jorge Vázquez, sostuvo: "No tengo que pedir perdón a nadie". Hubo una disposición a aceptarla, planteada por el ministro de Ganadería, José Mujica, pero dijo quela orden debe venir del presidente de la República.
En cambio, Vázquez prefirió enfatizar que los esfuerzos están concentrados en la actual etapa que es de investigación, en el marco de la aplicación del artículo 4º de la Ley de Caducidad: “¿de qué valdría pedir perdón o entablar un mea culpa si no creamos la conciencia de que esto no se deba repetir, si no creamos la conciencia de que hay que llegar a la verdad para terminar con este tema?”.
Vázquez también dijo a El Espectador: “se analizará si el segundo vuelo, que trajo a 22 personas desde Argentina y que luego fueron ejecutadas, se encuadra dentro de la ley de Caducidad. También ratificó que la información recibida por parte del Ejército es seria y fidedigna.”
Esta última declaración nos remite a los informes de los tres comandantes en jefe de la Fuerza Armada entregados el lunes 8 de agosto al presidente de la República,en relación a lo ocurrido con los detenidos desaparecidos, en cumplimiento de lo dispuesto por Resolución del Poder Ejecutivo del 8 de junio de este año.
Entre las ratificaciones que en los informes encontramos, tal vez la principal sea que se trata del primer reconocimiento institucional de los militares de su responsabilidad en la tortura y las desapariciones. En materia de información concreta, la Fuerza Aérea admitió que hubo dos traslados de detenidos desde Argentina en 1976, lo que implica que el número de desaparecidos en Uruguay prácticamente se duplica, y un reconocimiento, sólo tácito, de que las ejecuciones no fueron excepcionales, como sostuvo hace dos años la Comisión para la Paz.
Esta observación, en retrospectiva, nos lleva a la presidencia de Jorge Batlle, conservador del Partido Colorado (2000-2005), que impulsó una investigación oficial sobre el destino de los desaparecidos durante la dictadura, con el objetivo de lograr un "estado del alma" en la sociedad, que permita "sellar para siempre la paz entre los uruguayos". Los gobiernos anteriores, de Julio Sanguinetti y Luis A. Lacalle, se habían mostrado reticentes frente a los reclamos de organizaciones de derechos humanos para que se indague el tema.
Antes de crear la Comisión para la Paz, Batlle se reunió con representantes de los centros sociales de las Fuerzas Armadas. También, en los primeros tiempos de su mandato, ganó credibilidad cuando el gobierno encontró a la nieta del escritor argentino, Juan Gelman, que estaba desaparecida y cuando persuadió a un joven para que fuera objeto de una prueba de ADN que determinara si efectivamente era, el entonces desaparecido, Simón Riquelo.
A fines de la década de 1980, ya en democracia, el gobierno de Sanguinetti creó una comisión dirigida por el fiscal militar retirado, José Sambucetti. La indagatoria se inició el 5 de junio de 1989, para dar cumplimiento al artículo cuarto de la Ley de Caducidad. De ese trabajo surgió la conclusión de que en Uruguay no hubo desaparecidos.
Después de este recorrido cabe preguntarse: ¿esta iniciativa del gobierno es por una búsqueda de popularidad? ¿O es lo que todo ciudadano ansía?: un gobernante que cumple con la voluntad del pueblo. El presidente Tabaré Vázquez, socialista en el Frente Amplio, caracterizado en su línea política por la promoción de los Derechos Humanos, tiene, según encuestas, una gran aprobación de la mayoría de la sociedad por las investigaciones sobre los desaparecidos, e incluso credibilidad. Esto también lo logró Batlle en sus primeros años de su gestión, pero no es una imagen que haya mantenido después.
