Cuando nos rasgamos las vestiduras por la baja inversión local en ciencia, frecuentemente pasamos por alto que esto no sólo es consecuencia de la falta de visión del Estado (algo, que, afortunadamente comenzó a revisarse en los últimos años), sino también de la carencia casi total de compromiso privado: ya sea por falta de espíritu innovador, porque no existe un diálogo fluido entre la academia y la empresa o por la carencia de resortes legales que lo faciliten, el capital privado, salvo contadas excepciones, no va a la investigación.

Para ilustrar las dimensiones de este desinterés basta con mencionar que en los Estados Unidos, el país más poderoso del mundo en investigación científica, el sector privado se hace cargo del 63% de la inversión nacional, mientras en la Argentina el 69% corre por cuenta del Estado.

Ahora, un proyecto de ley para la promoción de la inversión privada en las actividades científicas y tecnológicas, que lleva la firma del senador Daniel Filmus (ex ministro de Educación, Ciencia e Innovación Productiva), tal vez ayude a revertir esta situación.

Básicamente, propone elevar la deducción de ganancias al 10%, para las empresas u organizaciones, y al 15%, para las personas físicas o sucesiones indivisas que financien "proyectos que tengan como objetivo la investigación científica, el desarrollo tecnológico y/o la innovación productiva".

Además, estarían exentos de pagar bienes personales las empresas u organizaciones que cedan a título gratuito o en comodato predios o inmuebles para actividades científicas.

Los potenciales beneficiarios serían las universidades e institutos universitarios estatales, los organismos públicos de ciencia y tecnología, y las instituciones sin fines de lucro que se dedican a la ciencia y la tecnología, total o parcialmente.

Para asegurar la indispensable transparencia, la autoridad de aplicación sería el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que deberá seleccionar los proyectos susceptibles de recibir donaciones, certificar los aportes, organizar y administrar un registro público de proyectos y de benefactores, y realizar los controles y auditorías necesarios. 

El proyecto se discutirá en comisión en cuanto comiencen las próximas sesiones ordinarias. Esperemos que avance sin contratiempos, porque si no aumentan las inversiones, de poco habrá servido incorporar más investigadores al sistema o repatriar científicos argentinos del exterior. Se necesitan benefactores. Si se aprueba esta ley, podrán serlo con o sin crisis...