Agencia Taller fue testigo privilegiada de la reacción que provocó el ingreso de Laura Ibáñez, representante de la Dirección General de Escuelas (DGE), a la Escuela “Bioy Casares” del Barrio Infanta de Las Heras.

La mujer llevaba como misión hacer cumplir la circular número 17, pero su aparición derivó en la indignación de los docentes que no habían adherido a la medida. La norma decía textualmente en su punto 4: “Cumplen normalmente con sus funciones los siguientes docentes y no docentes, identificados con nombres y apellidos”.

La presencia de la enviada significaba que debía tomar nota de los profesionales de la educación que adherían a la protesta convocada por el sindicato.

Alicia Ruiz, directora del establecimiento, dijo a Agencia Taller que la resolución de la DGE, avalada por asesoría letrada, le parecía “indignante”.

“Me pregunto cuánto esfuerzo puesto en la persecución de profesores en vez de poner energía en el mejoramiento de la calidad educativa”, comentó Ruiz.

La bronca de los profesores fue inmediata. La decisión de “marcar” a los que se plegaban al reclamo no hizo otra cosa que unirlos contra las autoridades gubernamentales. Así todos terminaron adhiriendo automáticamente a la asamblea.

El docente Gerardo Sparacino confesó que la medida “me hace acordar a la dictadura militar” y la comparó con la experiencia del D2, el departamento Dos de Inteligencia de la Policía de Mendoza que era el encargado de realizar los seguimientos, secuestros, torturas y desapariciones en la Mendoza de los años 70. 

“Yo ya he tenido mucho de esto”, agregó. “Le han errado demasiado en esta circular las autoridades de la DGE”, sostuvo antes de preguntarse si “a alguien verdaderamente le importa la educación de los chicos”. “Acordate, –dijo a esta cronista- mientras más bruto es un pueblo más fácil es gobernar”.

Mientras tanto, los referentes del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) presentes en la asamblea, comentaron a Agencia Taller que las únicas visitas que se pueden recibir durante el desarrollo de las medidas de fuerza es la de los inspectores de la Subsecretaría de Trabajo.

Agregaron que sólo podría participar en la asamblea el supervisor y éste bajo ningún concepto puede obligar al director de un establecimiento a que elabore llenando un acta con nombre y apellido de los profesores que están en asamblea.

La profesora Mónica Pereyra, otra de las docentes de la Escuela, remarcó la actitud de avasallamiento al docente que tuvo el Gobierno.

Pereyra quiere dejar constancia que “a partir de ahora me adhiero a la asamblea. Yo vine a dar clase normalmente, pero quiero que me borren del acta y figurar como que solo vine a la asamblea porque la actitud del gobierno es tratarnos como un felpudo para limpiarse los pies”.

Otra de las maestras de la escuela Bioy Casares, Matilde Zuluaga, explicó que cada vez son más arbitrarias las medidas que toma la Directora General de Escuelas, Emma Cunietti. La docente se preguntó “¿Por qué no nos invitan al diálogo si verdaderamente quiere resolver el problema?”

Mirta Córdoba, también maestra, dijo con los ojos llenos de lagrimas: “desde la época que cayeron los militares no he sentido la sensación que he sentido esta mañana. En esa época lo viví en vivo y en directo, y tengo una angustia o un nerviosismo porque no sé si estoy en esas listas negras.

Córdoba se preguntó “¿qué van a hacer conmigo como docente?, realmente me siento perseguida, siento que no estoy en democracia y que están otra vez las botas arriba mío. Yo lo viví y así empezaban a actuar”.

Soledad Silione

soledadsilione@hotmail.com

Departamento de Política